La ONU alerta de que las desapariciones se han vuelto «sistemáticas» en México

Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señala a ABC que las cifras oficiales apenas muestran una fracción del problema real. «Creo que la cifra que dice el Gobierno no es ni la mínima parte de la que en realidad tenemos porque de 100 desaparecidos solamente unos 40 o 50 son reportados».

Flores cuestionó los discursos oficiales que aseguran un descenso en la incidencia delictiva: «¿A qué horas está bajando, en qué realidad viven? No ha aminorado en nada, ni los desaparecidos ni las ejecuciones».

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Por otra parte, el padre Jorge Atilano González, ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, instó la semana pasada a las autoridades a atender el problema actual en los institutos forenses de los diversos estados, donde no habría recursos suficientes para avanzar en la identificación de cuerpos: «Debe atenderse la crisis forense; no hay herramientas para la identificación de cuerpos y muchas familias podrían tener ahí a su consuelo».

Actualmente se registran más de 72,000 cadáveres sin identificar, según estima una investigación de la organización civil Quinto Elemento Lab.

«La falta de recursos humanos y financieros para servicios periciales, el incumplimiento de protocolos y la desvinculación de los registros de las fiscalías y las comisiones de búsqueda contribuyen a que personas reportadas como desaparecidas acaben en fosas comunes», señala el informe.

La ley mexicana establece que los cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en las 72 horas después del fallecimiento serán inhumados, salvo que exista autorización para conservarlos por parte de la Secretaría de Salud, por petición de un Ministerio Público o en cumplimento de las normas sobre desaparición forzada.

«Por la falta de inversión en los servicios periciales, pero también de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda», comentó Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Por su parte, el Gobierno de Sheinbaum rechaza que exista una crisis de desaparecidos y alega que el informe de la ONU «carece de fuentes confiables». Así lo manifestó la Cancillería mexicana.

Además, el Gobierno envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está afrontando la problemática. Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial.

El abogado especialista en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez ha criticado la falta de apertura de la Administración de Sheinbaum para abordar el tema. «No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema», expresó.

Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con un 198%; Baja California Sur, con el 140%, y Sinaloa, con el 132%.

Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los 'Chapitos' y los 'Mayos', facciones del cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael 'Mayo' Zambada en julio de 2024.