Bruselas rechaza imponer aranceles al arroz de Asia a pesar del desplome de los precios

Lo que estaba sobre la mesa no era la aplicación de un arancel general al arroz, sino de una cláusula de salvaguardia; es decir, la fijación de un umbral máximo de importaciones a partir del cual empezar a imponer tasas en frontera, con ánimo de proteger a los productores europeos ante una caída de precios sobrevenida. Lo cierto es que los arroceros españoles llevaban tiempo reclamando este mecanismo, pero la Comisión no se abrió a esa posibilidad hasta hace apenas unos meses, cuando la coincidencia de la reapertura de las exportaciones de India -tras dos años de bloqueo autoimpuesto por parte de Bombay para frenar el encarecimiento en ese país- y las buenas condiciones climatológicas en el Sudeste Asiático llevaron los precios a mínimos de 2017.

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Concretamente -y más por la presión de algunos eurodiputados que por iniciativa propia-, Bruselas aceptó modificar el llamado 'Sistema de Preferencias Generalizadas' (SPG) -un régimen comercial especial que elimina aranceles para países en desarrollo- para poder aplicar excepciones en caso de exceso de oferta.

El problema, en este caso, está en la relación con Camboya y Birmania, dos naciones que merced a ese marco preferente se han convertido en grandes productores, que ya aportan una tercera parte de las importaciones a los Veintisiete (522.000 toneladas entre enero y agosto de 2025). Todo esto, a costa de un desplome de precios en el campo español, que desde Asaja cifran por encima del 15% en lo que llevamos de año, y que ha puesto en peligro la continuidad de las grandes regiones arroceras de nuestro país: el Delta del Ebro, las marismas del Guadalquivir, la Albufera valenciana y Badajoz. Según explica Miguel Minguet, portavoz de Asaja, en estas circunstancias «existe un riesgo real de abandono del cultivo, pérdida de superficie y daños económicos irreversibles«.

Lógicamente, los arroceros españoles acogieron con alborozo la apertura de negociaciones entre los tres poderes europeos para reformar el régimen SPG, pero el resultado final está lejos de lo que hubieran deseado, aunque aparentemente parezca que Bruselas ha cedido a sus demandas. De un lado, la Comisión se ha abierto a convertir la cláusula de salvaguardia en automática, que era uno de los reclamos de las organizaciones agrarias para asegurar que la aplicación de aranceles fuera inmediata una vez se superara cierta cantidad de importaciones, sin necesidad de negociaciones farragosas entre los Estados y con el Ejecutivo comunitario.

Sin embargo, al mismo tiempo que hace esto, Bruselas ha situado ese tope por encima de las 560.000 toneladas anuales, una cifra que está 200.000 toneladas por encima de la media de las importaciones de los últimos diez años y que convierte el mecanismo en inservible. Según denuncia Unión de Uniones, la UE ha acordado un umbral que solo se aplicará «cuando ya sea demasiado tarde».

La buena noticia para el sector es que el mecanismo podrá ser revisado anualmente y que el Parlamento y el Consejo aún tienen que ratificarlo. Sin embargo, el acuerdo preliminar no deja mucho espacio para el optimismo ya que todo indica que los intereses de los países compradores se han impuesto a los de los productores, y que esa minoría de bloqueo liderada por España e Italia que algunos esperaban no existe.