La lucha de Sheinbaum contra el narco dispara la violencia política en México

Producto de este desgaste es que Sheinbaum destituyó, la semana pasada, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, muy asociado al anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, la presidenta ha colocado a Ernestina Godoy, una abogada de su entera confianza.

Sheinbaum desembarcó en el Palacio Nacional en octubre de 2024 y encumbró como su secretario de Seguridad a Omar García Harfuch, un expolicía que venía de cumplir ese mismo encargo bajo sus órdenes en el Gobierno capitalino entre 2018 y 2024.

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García Harfuch se propuso fulminar la política del sexenio de López Obrador de los llamados «abrazos, no balazos». Es decir, no enfrentarse abiertamente a los cárteles y apostar por acciones de contención social –fundamentalmente apoyos económicos–, para que los más jóvenes no pasen a engrosar las filas del crimen organizado.

Bajo esta retórica se propiciaron frágiles vínculos con los cárteles. El año pasado, 'The New York Times' señaló los lazos del expresidente López Obrador y su familia con los narcos. En 2021, la oposición denunció que el cártel de Sinaloa había apoyado compañas de candidatos de López Obrador en dicho estado y en Tamaulipas. De igual modo, la oposición criticó que el exmandatario protagonizó diversas escenas públicas en las que mostraba más simpatía por la madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán que por las madres buscadoras que rastrean en todo el país los cuerpos de sus desaparecidos.

Como sea, las estadísticas no acompañaron a López Obrador. Finalizó su gobierno con más de 199.000 homicidios, más que los mandatos previos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

García Harfuch se propuso un giro de 180 grados y el Gobierno de Sheinbaum emprendió golpes certeros contra el narco: destrucción de laboratorios de fentanilo, arrestos masivos de integrantes de cárteles, deportaciones de capos a cárceles de Estados Unidos, incautación de cargamentos de drogas y congelación de cuentas bancarias usadas para lavar los recursos ilícitos.

La estrategia no estuvo exenta de represalias. Solo el primer mes de Sheinbaum en el Palacio Nacional, fueron asesinados 31 policías. También ha aumentado el número de militares desaparecidos, actualmente más de 150. La violencia impactó además en la política: en lo que va de la Administración Sheinbaum, han sido ejecutados 11 alcaldes en funciones, todos de diferentes partidos políticos.

Los primeros meses de la nueva estrategia mostraron resultados inmediatos con una menor cantidad de homicidios dolosos en los datos oficiales. El mejor mes fue el de agosto de este año, cuando el Gobierno logró reducir las 86 muertes diarias del mismo periodo del año pasado a 56 homicidios, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Avances que eran presentados como éxitos en las conferencias matutinas del Palacio Nacional y celebrados, especialmente, en Washington, donde García Harfuch se convirtió en el hombre en México de las agencias de seguridad del Gobierno de Donald Trump.

Y es que, cuando el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de este año, para Sheinbaum no hubo más opción: o se atacaba frontalmente el tráfico de drogas o Trump autorizaría incursiones militares contra los cárteles en territorio mexicano.

Con la estrategia de García Harfuch, el Gobierno de Trump pudo celebrar rápidamente un descenso en el flujo de fentanilo hacia EE.UU. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó una disminución en las incautaciones de esta droga. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, estas cayeron un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, y hasta un 49% en comparación con el ciclo 2022-2023.

A pesar de los avances, comenzaron a aparecer señales negativas. Desde el mes de mayo empezó a subir la cifra de personas desaparecidas y también se elevo la percepción de inseguridad en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, Sheinbaum no concretó ningún arresto contra políticos y actores institucionales vinculados a la delincuencia organizada.

En sus primeros meses como mandataria, se conocieron múltiples escándalos de gobernadores, senadores y exfuncionarios del gabinete de López Obrador, todos con diverso nivel de relación con el crimen. Pero, de momento, ninguna figura de peso ha sido investigada. De ahí también el cambio en la Fiscalía General.

En paralelo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que el 63% de la población de más de 18 años y residente en 91 áreas urbanas consideraba que era inseguro vivir en su ciudad en septiembre de 2025. En el mismo periodo de 2024, ese porcentaje era del 51%.

Un documento presentado por la organización México Evalúa señaló que uno de los motivos para el avance de la percepción de inseguridad es la creencia en la población de que una mayor confrontación contra el crimen organizado puede amenazar su propia seguridad por la pérdida de acuerdos tácitos entre la autoridad y la delincuencia.

El mejor ejemplo de ello es Sinaloa, donde el Gobierno combate abiertamente al narco en un estado absolutamente militarizado. Allí, la violencia se ha desbordado contra los civiles, que sufren la quema de sus vehículos, ataques contra sus casas y, desde ya, desaparecen, por lo que la población no sale de sus casas después del atardecer.

El asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, a inicios de mes, en la segunda ciudad más poblada del estado de Michoacán, dejó en evidencia al Gobierno, ya que Manzo reclamaba más seguridad personal. Tras su muerte, se sucedieron marchas y llamamientos en ciudades de todo el país que preocupan a la cúpula del oficialismo y han motivado comentarios negativos del propio Trump. Desde el Despacho Oval, este le dijo a la prensa que «no estaba contento» con lo que estaba sucediendo en México. Luego, volvió a mostrarse a favor de intervenir militarmente al sur del río Bravo.

Así las cosas, Sheinbaum llega a una encrucijada. Se enfrentó al crimen organizado para evitar las injerencias de Washington. Pero, después de más de un año en el poder, su estrategia muestra puntos débiles y la empuja al escenario más temido: tener que, eventualmente, aceptar un mayor papel de EE.UU. en la lucha contra la violencia.