El Tribunal de Cuentas rastrea desde hace meses decenas de contratos en el CNIO

Según las mencionadas fuentes, mantienen reuniones periódicas con el actual gerente, José Manuel Sánchez Bernabé, y no comparten información con ningún otro empleado del organismo, salvo excepcionalmente con algún responsable de personal y compras, siempre en presencia del gerente.

Los auditores del CNIO aún no han emitido informe alguno sobre sus pesquisas y tardaran aún en hacerlo entre cuatro y seis meses, según las estimaciones que se hacen desde el centro.

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Carmen Lucas-Torres

La Fiscalía especial aprecia «especial trascendencia» en los hechos denunciados en el centro estatal de investigaciones oncológicas

Según ha podido saber ABC, la documentación que están recopilando se refiere fundamentalmente al año 2025 y concretamente desde enero, justo cuando se produjo el cese de María Blasco al frente de la dirección del CNIO y del entonces gerente, Juan Arroyo.

Los trabajadores del TCu supervisan los contratos que han tenido lugar en los últimos meses y especialmente los referidos a bienes y servicios. Hay que tener en cuenta que en la denuncia que se ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en la gestión contable de este organismo se habla especialmente de posibles anomalías en la contratación de proveedores.

Anticorrupción ha revisado toda la información de la denuncia presentada por trabajadores del Centro y aprecia que los hechos revisten «especial trascendencia» para incoar unas diligencias de investigación posiblemente por los delitos de malversación (al tratarse de un centro público estatal), tráfico de influencias y prevaricación, aunque ese extremo se irá perfilando durante la investigación.

Anticorrupción recibió documentación con denuncias desde la Fiscalía General, así como desde la Fiscalía de Madrid, y podrá iniciar la investigación toda vez que el Juzgado 13 de Madrid, donde recayó otra querella contra los responsables del CNIO, la inadmitió. Puesto que no hay ningún juzgado investigando los hechos, la Fiscalía Anticorrupción será la que los aborde para, posteriormente, decidir si pide que se investiguen en un juzgado o se archiven las diligencias, según informó Carmen Lucas Torres.

Además, ABC informaba el pasado martes de que la ministra de Ciencia, Diana Morant, cartera de la que depende esta institución, ocultó las irregularidades internas que se estaban produciendo en la fundación, y que pueden constituir una importante número de delitos.

Dos comunicaciones de los trabajadores a la secretaria general Eva Ortega, con fecha de 18 y 26 de agosto, a las que ha tenido acceso ABC, vuelven a poner en el centro del debate la gestión de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación dentro del CNIO. Este periódico ya reveló que el secretario de Estado, número dos de Morant, también obvió sus comunicaciones sobre las presuntas compras fraudulentas producidas en el centro.

Así, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, número dos de la ministra Diana Morant, se desentendió por completo de la presunta trama de corrupción que operaba en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Así lo atestigua la falta de respuesta que dio a las distintas cartas que recibió durante meses -con acuse de recibo-, y a las que ahora ha tenido acceso ABC, en las que empleados de alta dirección de la fundación le hicieron conocedor de las muchas irregularidades que se estaban produciendo desde la gerencia en la compra de material y contratación de servicios. El desfalco sostenido a lo largo de varios años puede alcanzar los 23 millones de euros.

Fue tras la exclusiva de este periódico en diciembre del año pasado, señalando a la entonces directora del CNIO, María Blasco, cuando se remitió la primera carta al número dos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que entró en el registro el día 3 de marzo de 2025. En ella se le hacía saber que «en virtud de las graves acusaciones aparecidas el 11 de diciembre de 2024 sobre la posible o presunta existencia de irregularidades en la contratación pública que podrían implicar la existencia de ilícitos penales como prevaricación, corrupción y malversación de caudales públicos, se estima oportuno y necesario llevar a cabo diferentes medidas de prevención y control así como medidas correctivas».

Cruz en ningún momento respondió a esa carta, aunque hacía unos meses que se había destapado el centro de arte dentro de la fundación que había montado Blasco, pese a que el objeto de la misma era la investigación contra el cáncer. La exdirectora, que fue fulminada de su cargo, también incurrió en numerosos gastos injustificados, por lo que se la instó a devolver 90.000 euros cobrados de más al CNIO.