Funcionarios de prisiones al límite: una agresión cada catorce horas

Si alguien sabe bien lo que se cuece entre rejas es Manuel Galisteo, quien lleva 25 años trabajando como funcionario de prisiones en el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga). Es el coordinador del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar y ha sufrido en sus carnes la violencia de los internos.

Y es que la vida de los delincuentes en las cárceles es un gran misterio que está lleno de opacidad. Solo la entrada en los recintos de presos mediáticos, como ha sido el reciente caso Koldo y Ábalos en Soto del Real, devuelven a la primera plana las experiencias del ecosistema interno de estas grandes dependencias.

La delgada línea que separa el orden y el desorden en las celdas son los funcionarios de prisiones. Son trabajadores todoterrenos que tienen que ejercer de bomberos cuando hay incendios, de enfermeros cuando peligra la vida de algún reo o de policías que vigilan los movimientos de estos reclusos.

Su labor no es correspondida como ellos quisieran. Son el blanco de las personas a las que tienen que cuidar. En una conversación con ABC, Galisteo expone los dos principales problemas que tiene su colectivo. «Las políticas del buenismo. Hoy en día algunas personas casi que están mejor en la cárcel que en la calle«, relata.

Para sustentar esta afirmación recuerda que la Justicia acaba de autorizar máquinas de depilación láser para la población trans de las cárceles catalanas. Una decisión que ha generado polémica entre este colectivo de trabajadores que consideran que sus reivindicaciones caen en saco roto mientras que aumentan los beneficios de los internos.

Y es que este tipo de noticias merman el ánimo de los funcionarios que ven como no se invierte en la seguridad de las prisiones. «No digo que al preso que no se le pongan comodidades pero se debe invertir en más tratamientos, educadores, juristas o trabajadores sociales que es lo primordial si se busca que los delincuentes evolucionen y consigan un tercer grado», afirma.

Galisteo se muestra duro en sus declaraciones y manifiesta «abiertamente» que tanto Fernando Grande-Marlaska como Ángel Luis Ortiz, el responsable de Instituciones Penitenciarias, son unos «sinvergüenzas» por no garantizar la «seguridad y la salud» de su colectivo. «Año tras año batimos los récord de agresiones: una cada 14 horas», añade.

Un ejemplo de ello es el episodio ocurrido esta semana en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada). Un interno propinó una patada al jefe de servicio que le tiró por las escaleras. «¿Eso es lo que queremos para nuestra sociedad?», se preguntan desde este sindicato que vela por los derechos de los trabajadores.

Las agresiones que sufren por parte de los internos dejan sus marcas y sus lesiones que les provoca que tenga que estar de baja. Sin embargo, hay otros aspectos más desconocidos y muchas veces silenciados que les afecta aún más: las coacciones y amenazas a sus familias.

El perfil de los presos en la actualidad ha ido mutando y evolucionando a lo largo de los años. Los drogadictos condenados por hurtos y robos han dejado paso a los violentos miembros de organizaciones criminales extranjeras. Unos internos que ya utilizaban las coacciones en el exterior para conseguir sus intereses y no dudan de emplearlas entre rejas.

«Me corto el pescuezo como no llames al médico» o «Te reviento el chabolo porque de aquí se sale». Son algunas de las frases más escuchadas en las prisiones españolas por los funcionarios. Muchas van al aire y no se concretan pero estas amenazas hacen mella en la salud mental de los trabajadores. ¿Y si pasa?, es la pregunta que les ronda la cabeza.

«El drogadicto de barrio no te lo hacía pero las bandas de la actualidad tienen mucho poder. Ya han quemado los coches de compañeros y la violencia va creciendo. Tampoco nos ponen medios para que no nos reconozcan por las calles«, afirma Galisteo.

Los miembros de este colectivo, solo por este trabajo ya exponen a su familia. La mayoría de ellos viven cerca de su puesto y conocen a los delincuentes y sus entornos. Sienten como siguen sus costumbres y sus rutinas pero no disponen de herramientas para poder frenar el miedo a este señalamiento.

Desde hace tiempo han trasladado a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias sus reivindicaciones que, por el momento, no han sido escuchadas. Solicitan de forma encarecida que les proporcionen medios para evitar las agresiones. Una de sus peticiones es la inclusión de pistolas taser entre su material.

Otro de los pilares básicos que necesitan es que se les considere profesión de riesgo. El funcionario herido en la cárcel de Granada tenía más de 60 años. Si se formalizara este requerimiento tendrían un rejuvenecimiento de las plantillas. Además, también reclaman ser considerados agentes de la autoridad para que cualquier agresión tenga más castigo penal a sus autores. «Así al menos se lo pensarían un poco más», sostienen desde el sindicato.

Dentro de sus críticas a la «política del buenismo» sostienen que antaño había 1.300 reclusos en primer grado, que es el régimen cerrado. La cifra a día de hoy es de 400. Todo ello mientras la población reclusa es cada vez más complicada con bandas latinas o de marroquíes. «La política es que bajo ningún concepto se asignen a este grado a los presos», lamenta.

Una medida que supone que las cárceles sean una «olla a presión» mientras que los mandatarios se ponen «medallitas» ante Europa por reducir la cifra de reclusos conflictivos. Un contraste. Un descenso significativo mientras que aumentan los funcionarios agredidos.