La Fiscalía ve clara la rebelión aunque deja en manos de Supremo y Audiencia que rebajen a sedición
El Ministerio Público pedirá medidas cautelares, lo que podría incluir que sean encarcelados de forma preventiva
Maza se querella por rebelión contra Puigdemont y Forcadell en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
Solicita una fianza de 6,2 millones de euros para los 20 querellados y que se acumulen las investigaciones del TSJC
La Fiscalía ha presentado su anunciada querella este lunes contra Carles Puigdemont y sus antiguos consejeros de la Generalitat, así como contra la Mesa del Parlament, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos . La anunciada querella se ha presentado en la Audiencia Nacional contra los antiguos miembros del Gobierno catalán, que perdieron su aforamiento al ser destituidos por el Ejecutivo de Rajoy, y en el Tribunal Supremo contra los diputados que forman parte de la Diputación Permanente, incluida Carme Forcadell .
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Así lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas el fiscal general del Estado, José Manuel Maza , quien ha expresado que el Ministerio Público actúa en defensa de la legalidad y del interés público, en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Maza asegura que los gobernantes catalanes han actuado «con total desprecio a la Constitución» desde hace dos años, cuando pusieron en marcha el proceso independentista que ha culminado en un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia.
[ Consulta la querella dirigida a la Audiencia Nacional (PDF) ]
En las querellas, la Fiscalía solicita que Puigdemont, Forcadell, Junqueras y los 20 restantes dirigentes catalanes sean citados a declarar con carácter urgente como imputados en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Tras los interrogatorios el Ministerio Público pedirá medidas cautelares para asegurar la disposición de los investigados ante la justicia, lo que podría incluir que sean encarcelados de forma preventiva .
La Fiscalía pide también que se incluya «la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros». Esta cuantía buscaría asegurar una hipotética futura condena en el caso de que sean condenados en un juicio. Los jueces investigadores deberán decidir si esta medida es adecuada.El Ministerio Público también reclama que las investigaciones comenzadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (contra el Gobierno autonómico y la Mesa del Parlament por desobediencia, prevaricación y malversación) se acumulen en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
[ Consulta la querella dirigida al Tribunal Supremo (PDF) ]
El Ministerio Público aprecia que existe un delito de rebelión por haber declarado los querellados la independencia de una parte del territorio nacional, como hizo el Parlamento catalán el pasado viernes. Este crimen, castigado con 25 años de prisión si no se utilizan armas, exige que haya violencia, una circunstancia que la Fiscalía considera que se ha producido en el proceso ilegal.
«Para la consecución del fin secesionista, los querellados se valieron de la población en incesantes actos de insurreción pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo», concluye el fiscal, que también les atribuye los delitos de sedición y malversación .
Los jueces investigadores, que deberán resolver si admiten a trámite las querellas , podrán acotar qué delitos incluyen en la investigación penal. Un juez de la Audiencia Nacional decidirá sobre los miembros del Govern y uno del Tribunal Supremo sobre los miembros de la Mesa del Parlament, todavía aforados por su pertenencia a la Diputación Permanente, el órgano que rige el Parlamento catalán hasta que se constituya uno nuevo tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy.
Las querellas han incluido a Santi Vila , el consejero de la Generalitat que dimitió el pasado jueves, antes de la declaración unilateral de independencia. El Ministerio Público considera que los delitos comenzaron a realizarse antes. También afecta al antiguo parlamentario regional Joan Josep Nuet , de Catalunya Si que es pot, a pesar de que votó en contra de tramitar la declaración que votó el Parlament. La Fiscalía relata cómo los independentistas han dinamitado el Estado de Derecho con el proceso ilegal que emprendieron el 9 de noviembre de 2015, cuando el Parlamento catalán aprobó la resolución de la desconexión, el punto de partida para romper con España de forma unilateral y por vías ilegales.
En sus escritos, el Ministerio Público acusa a los gobernantes catalanes de utilizar a la sociedad catalana para sus fines. Según la querella, Puigdemont y su equipo «abonaron» en los ciudadanos la creencia de que Cataluña tiene un supuesto derecho de autodeterminación que no reconoce la Constitución ni el Derecho Internacional . El objetivo era movilizar a la ciudadanía para legitimar cualquier actuación del Govern contra la legalidad.
«La necesidad de contar con el apoyo activo de la ciudadanía mediante movilizaciones, concentraciones o manifestaciones que por su número representaran una fuerza intimidatoria suficiente fue paulatinamente imponiéndose en todos los ámbitos independentistas, desde los partidos políticos favorables a la independencia, a las instituciones catalanes y sus representantes».
Esa labor vino favorecida por la retroalimentación entra los políticos y las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están encarcelados para evitar que se fuguen por un delito de sedición. Miembros del Govern como Clara Ponsatí y Joaquin Forn, o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, formaron parte de la ANC, los primeros como socios, la segunda como presidenta. Artur Mas calificó la movilización de la calle como «el arma más solida para combatir la negativa estatal».
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