Sanidad y Derechos Sociales acuerdan con las comunidades garantizar la Atención Temprana a menores de 6 años en menos de 45 días

Este es uno de los compromisos adoptados en el documento, una 'hoja de ruta' referencial de calidad común para todas las comunidades autónomas, aprobado en la conferencia multisectorial en la que han estado presente Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mónica García, ministra de Sanidad, que se estructura en nueve líneas de acción que se concretan en medidas concretas y en 36 estándares de calidad.

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El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030 y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), dado que en el marco de este plan se distribuirán fondos a las comunidades autónomas para impulsar la implementación de las medidas contempladas en el Consenso Estatal.

Así, además de establecer el tiempo de espera, incluye mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de atención temprana; implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa; implementar procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias; promocionar la prevención primaria; garantizar la valoración e intervención integral; el desarrollo de equipos profesionales y formación continua de profesionales implicados en la atención temprana; y optimizar los sistemas de información y registro.

A su vez se establecen indicadores del desempeño que permiten evaluar el grado de desarrollo de los compromisos y su adaptación constante a las necesidades del sistema. Así mismo, el Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un seguimiento bienal de la implantación de las medidas, basándose en la medición de los indicadores previstos. Y será en 2030 cuando se llevará a cabo una evaluación final.

Uno de los puntos «fundamentales» era garantizar los tiempos de espera en la franja de edad, de 0 a 6 años, «una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social». Además, de este modo, el plazo fijado es el que marca de referencia la Garantía Infantil Europea (GIE), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.

Desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad. Consecuencias como ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial.

Además, inciden desde ambos ministerios, «la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía». Esto, añaden, «provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños, y para sus familias».

Además de mejorar los procesos de detención y reducir los tiempos de espera, el acuerdo aprobado este lunes contempla que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos dispongan de una norma que regule específicamente la materia. En esta normativa deben establecerse los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.

El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales. En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.

Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. A esto se suma que la nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños (el hogar, el parque) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.

El acuerdo incluye también una dotación económica de casi 42 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus, con el objetivo de que los menores tengan un acceso adecuado a la atención temprana con independencia de su lugar de residencia y de sus circunstancias familiares y sociales.

Según GAT, la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 (último año del que hay datos globales) casi 130.000 niños y niñas (129.529) necesitaron atención temprana, lo que supone más de un 5% (5,38%) de la población entre 0 y 6 años.