Más de 140.000 niños no tienen acceso a una plaza de atención temprana en España

La Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT) estima que más de 140.000 niños de entre 0 y 6 años con discapacidad o con barreras significativas en su desarrollo no llegan a conseguir una plaza en un centro de atención temprana. «Yo siempre digo que si empezamos a intervenir con un niño con tres o cuatro años en vez de con tres o cuatro meses estamos perdiendo un tiempo fundamental en su desarrollo neurológico y eso de “atención temprana” tiene poco», comenta Raquel Díaz, psicóloga y directora del Centro Altea de Madrid.

Los niños y las familias se juegan mucho con el acceso a este tipo de atención, ya que puede suponer la diferencia entre que el menor consiga o no llegar a ser una persona más autónoma y menos dependiente. «Muchos de los que no consiguen una plaza en un centro continúan con su rehabilitación en el hospital», explica Díaz. Sin embargo, para GAT, la neurorehabilitación por sí sola se queda corta en este tipo de pacientes. «Creemos en un modelo holístico que busca entender la totalidad del caso. La atención temprana son equipos multidisciplinares que pueden tratar tanto al niño, como a la familia, como al entorno en su globalidad, no por trozos ni a trozos, cosa que a veces nos ocurre en los hospitales», señala José Luis Peña, presidente de GAT y neuropediatra en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Por ello, la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con una Diversidad Funcional (Patdi), que agrupa sobre todo a padres, lleva años reivindicando que este tipo de servicio sociosanitario «tenga una cobertura universal en España y esté regulado a través de una ley estatal».

La ausencia de recursos, las constantes trabas burocráticas ligadas a los Servicios Sociales -desde donde se suele prestar esta atención- lastran una prestación que es muy dispar en función de la comunidad autónoma donde se viva, denuncia el portavoz de Patdi, Óscar Hernández. En Cantabria, por ejemplo, está incluida dentro de la cartera de servicios de Sanidad, por lo que forma parte de la atención primaria, mientras que en Madrid está regulada como una prestación de Servicios Sociales, dentro del ámbito de atención especializada a personas con discapacidad.

En el primer caso, comenta Hernández, «el acceso al servicio es rápido, ya que se tarda unos 15 días entre que el pediatra detecta alguna señal de alerta en el desarrollo, se deriva al equipo especializado y este valora al niño y comienza la intervención». En Madrid, en cambio, «el pediatra deriva, los padres realizan una solicitud en la Consejería de Políticas Sociales, se valora y se dictamina la necesidad de atención temprana con una media de tiempo para este trámite de siete meses y medio, según datos oficiales. Una vez obtenido el dictamen se puede solicitar plaza en uno de los centros, que en su mayoría son concertados», recuerda Hernández.

Según denuncia Patdi -que aglutina sobre todo a padres con hijos con dificultades en el desarrollo- en Madrid, «la lista de espera era de 1.706 niños al 31 de marzo, llevando en la lista algunos hasta cuatro años, según los datos oficiales obtenidos mediante solicitud de información pública». «Otras comunidades como la Valenciana también tiene lista de espera que supera los 1.000 niños», añade Hernández. En Aragón, el número de niños es de alrededor de 500 aunque ahora se está reduciendo, añade el presidente de GAT, quien precisa que no todos los niños que necesitan este tipo de atención figuran en las listas de espera, ya que muchos de ellos son atendidos en los hospitales o en consultas privadas.

En otras regiones, como Canarias, las dos primeras unidades de atención temprana comenzaron funcionar hace menos de un año, sin protocolos ni equipos especializados, denuncia Ana Olmeda, quien ha vivido en primera fila la carrera de obstáculos que ha supuesto poder sacar adelante a Carmen, su hija. La niña tiene un trastorno de desarrollo tras haber nacido de forma prematura tras un parto múltiple. «Desde que tuvimos el diagnóstico con dos años llevo pagando el logopeda, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, las sesiones de psicomotricidad relacional», comenta Ana, quien no duda en aseverar que si no hubiera sido por todo el esfuerzo económico realizado por la familia su hija hoy «tendría una discapacidad de la leche». Con ocho años, Carmen ahora patina, anda en bicicleta y puede hablar.

Además de una cobertura universal y una regulación estatal, Patdi considera necesario replantearse los límites de edad para recibir este tipo de asistencia. «Precisamente se denomina temprana porque cuanto antes se empiece es mejor no porque se tenga que prestar solo hasta los seis años. En España en el mejor de los casos a los seis años desaparece la prestación de ese servicio y los niños se quedan desamparados. Algunos consiguen algunas prestaciones en el ámbito educativo si es un tema vinculado al lenguaje, pero si es otro tema hay que pagarlo por lo privado», afirma Hernández.

Eso le ocurrió a Beatriz Perelló. Si hija -que lleva su mismo nombre- tiene el síndrome de Phelan-McDermid. Esta enfermedad rara le provoca dificultades para comunicarse e hipotonía (dificultad para sostenerse). Después de cumplir los seis años, sus padres han tenido que mover cielo y tierra para conseguir algún centro subvencionado que siga ayudando a su hija a salir adelante. Beatriz lamenta que la administración pública considere «suficiente» para el desarrollo de su pequeña «la escolarización en un aula de educación especial» en un colegio ordinario. «Necesita mucha más ayuda, esa es la verdad», apunta.