Los consejeros de Sanidad del PP piden una reunión urgente a Mónica García por el Estatuto Marco
Los responsables autonómicos de Sanidad del PP recuerdan a la ministra que cualquier medida de este ámbito les compete, por lo que reclaman coordinación
Los médicos declaran la guerra a Sanidad y amenazan con movilizaciones, sin descartar la huelga

La mayoría de las comunidades autónomas también parecen estar inquietas con el Estatuto Marco —la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario— que propone el Ministerio de Sanidad. Tras las críticas recibidas por sindicatos y organizaciones médicas, ahora son los consejeros del ramo de las autonomías gobernadas por el PP los que han enviado una carta a la ministra Mónica García en la que le piden una reunión urgente de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para informar sobre las negociaciones.
En concreto, en las misivas, los consejeros populares reclaman a Mónica García un encuentro previo a la reunión técnica que tendrá lugar en Toledo los días 5 y 6 de febrero para conocer la propuesta actual del ministerio, así como los plazos que el ministerio maneja para su aprobación y entrada en vigor.
Además, los responsables autonómicos de Sanidad en las comunidades gobernadas por el PP lamentan que el departamento de Mónica García no haya contado con las comunidades para elaborar ese borrador. Afean además haberse enterado de algunas de las propuestas en declaraciones públicas tanto de la ministra como de otros altos cargos del ministerio. Por ello, piden volver a la coordinación, diálogo y colaboración y exigen respeto.
En la misiva las comunidades autónomas también aluden a que son ellas las que tienen las competencias sanitarias en sus territorios y por tanto deben hacer frente a problemas como la falta de especialistas, por lo que las propuestas del Estatuto Marco les competen plenamente. Y acusan también a Sanidad de generar una «alarma innecesaria» con medidas que en algunos casos responden a cuestiones ideológicas.
El borrador de Estatuto Marco que Sanidad hizo llegar a los sindicatos contempla algunas medidas que no han sido bien recibidas por el sector, como la imposición de una exclusividad de cinco años para los médicos especialistas que terminen el MIR, es decir, que durante ese período de tiempo no puedan trabajar a la vez en centros públicos y privados. Esa incompatibilidad, anunció la ministra, se aplicará también a jefes de servicio y altos cargos de hospitales.
Rechazo de los médicos
Los sindicatos médicos, junto a otras organizaciones del sector, también afean el modelo de jornada que se plantea en el borrador, hasta el punto de que han amenazado con llevar a cabo acciones de confrontación, entre las que no descartan la huelga. Consideran que el texto que propone el ministerio es un «ataque directo» a la profesión y que empeora el Estatuto Marco actual en lo que a tiempo de trabajo se refiere. En concreto, criticaron que se mantenga una jornada obligatoria para los facultativos de 48 horas y se plantee una especial de 150 horas o más, así como que se tengan que recuperar las horas de descanso tras las guardias. Sobre este asunto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que esas 48 horas son el «límite máximo (no obligatorio) en cómputo semestral». También afirmó que las horas de descanso tras las guardias «no serán exigibles a efectos del cómputo de la jornada anual ordinaria» algo que ahora, según el número dos de Sanidad, no ocurre.
Tampoco la reclasificación profesional que plantea el ministerio cuenta con la aprobación de los médicos. El borrador de la norma establece la misma categoría profesional que tienen los médicos para otras profesiones como enfermería —algo que se tenía pendiente desde que la carrera dejó de ser diplomatura y se convirtió en grado, con un incremento de los años de formación y de los créditos—, sin tener en cuenta una distinta para los facultativos que a su vez siguen teniendo más años de formación y créditos en su carrera. También otras profesiones, como los dentistas, han manifestado su descontento con esta clasificación. Según aseguró el Consejo General de Dentistas en un comunicado, la clasificación que contempla el texto supone «una discriminación y un desprestigio» hacia los profesionales e «ignora que sus competencias incluyen diagnóstico, prescripción y tratamiento odontológico y quirúrgico».
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