Plan para 'catalanizar' la universidad: «Es ilegal porque impide al profesorado elegir la lengua de docencia»

Políticos, docentes y asociaciones en defensa de la neutralidad ideológica en los campus consultados por ABC han reaccionado a la 'Guía para la elaboración de planes para el incremento de la docencia en catalán en las universidades de Cataluña. Período 2023-2025', que prevé, entre otras medidas, facilitar la «movilidad», el «acceso a años sabáticos» y la «promoción a una categoría superior» a aquellos docentes que usan la lengua autonómica en sus clases.

El documento, publicado ayer en el boletín del Govern y que orientará a las universidades sobre cómo aumentar la presencia de la lengua autonómica en estos espacios, contempla para el curso 2025-2026 el objetivo de que el 80 por ciento de las clases de grado se impartan en catalán, objetivo que la plataforma Universitaris per la Convivència, que defiende la neutralidad ideológica en la Universidad, ve «muy lejos de la realidad» y considera «injusto» y «desmesurado». Portavoces de la entidad denuncian que el plan «choca contra el derecho de los profesores a impartir la docencia en la lengua que desean».

Portavoces de la plataforma consultados por este diario apuntan su «sorpresa por la intención del Govern de inventar un problema donde no lo hay», ya que «las quejas por motivos lingüísticos son escasas y la inmensa mayoría de los alumnos dominan las dos lenguas sin problema, del mismo modo que tradicionalmente el profesorado de la universidad catalana se ha expresado, de acuerdo con el derecho que le asiste, libremente o en catalán o en castellano, o en su caso en inglés».

«No estamos en contra de la promoción del catalán, estamos a favor de que se promocione su conocimiento por parte del profesorado pero estamos en contra de la forma en la que lo hace. En particular, nos parece desmesurado e imposible alcanzar el objetivo de que el 80 por ciento de las horas impartidas en la universidad sean en catalán es injusto y choca con el derecho que asiste a todo el profesorado a impartir las clases en la lengua que elija», apuntan desde la plataforma. Advierte, asimismo, de que el plan de incentivos del Govern para relanzar el uso del catalán «tenga un efecto contrario».

«Un efecto no deseado de fomentar el uso de una determinada lengua con independencia de la competencia lingüística del profesorado es el que se ha apreciado con la docencia en inglés. Buena parte de la docencia en inglés que se imparte es de un nivel muy bajo por la falta de competencia del profesorado. Muchos se atreven a impartir las clases en inglés por los incentivos y la presión, y no querríamos que pasara lo mismo con el catalán. Se encontraría el efecto contrario que es una vulgarización del uso del catalán y un detrimento de la formación del alumnado», advierten desde Universitaris per la Convivència.

A juicio de la plataforma, que se valore como un mérito docente hacer las clases en catalán y que «en particular se favorezca la promoción y la concesión de años sabáticos a os que lo usan nos parece cuanto menos inconveniente, si no incluso ilegal, por menoscabar el derecho de todos los profesores de impartir la docencia en la lengua de su elección».

Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), Álvaro Choi, considera que «al margen de la acumulación de frases hechas propias de un panfleto nacionalista -considera al catalán como lengua minorizada en la universidad, cuando es la lengua de uso mayoritario-, el contenido de la guía es inviable y poco inteligente». «Inviable, -añade Choi- porque desconoce la realidad de la universidad catalana. Al no poderse obligar al profesorado a impartir en una lengua determinada, busca la discriminación positiva del catalán considerado su uso docente como un mérito. La cuestión es que, con profesorado extranjero, asociados y sustitutos,... dudo que los departamentos aplaudan estas directrices que les va a complicar mucho asignar e incluso cubrir la docencia. Y poco inteligente porque insiste en la vía de la imposición, que hace antipático el uso de la lengua impuesta». A su entender, el objetivo final del plan «es la expulsión del castellano ('una lengua impuesta', en el marco mental nacionalista), una universidad sólo en catalán y, marginalmente, en inglés. Una universidad empobrecida, menos abierta, que se mira al ombligo y que no refleja la diversidad y riqueza de la sociedad catalana».

Por su parte, Manuel Acosta, diputado del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, lamenta las imposiciones lingüísticas en la universidad y advierte a la Generalitat del riesgo de perder con ellas alumnado extranjero, «una de sus tablas de salvación».

«En el año 2020 se publicó en 'The Chronical of Higher Education', el informe 'The Looming enrollment crisis. How colleges are responding to shifting demographics and new students needs', que alerta -en un contexto norteamericano- de la rápida mengua del conjunto de estudiantes susceptibles de estudiar en la universidad, de la necesidad de las universidades de competir por menos estudiantes y de la imposibilidad de seguir creciendo en profesorado, instalaciones y en otros aspectos como hasta ahora«, señala Acosta en declaraciones a ABC.

«En Cataluña, -añade el diputado de Vox- donde tenemos una de las tasas de natalidad más bajas en todo el mundo (7,19 por ciento en el año 2022) y un sistema universitario integrado por 12 universidades, ¿cómo va a hacer frente el sistema universitario catalán a la disminución del número de matrículas en las universidades y la disminución de los ingresos por matrículas que tienen estas instituciones?», se pregunta el diputado. Añade que « la aparente tabla de salvación son los alumnos internacionales. Cataluña es la segunda región de España con más alumnos extranjeros de Grado y la que acoge a más alumnos extranjeros de máster y doctorado«.

En este sentido, Acosta apunta que «el Govern podría aprovechar esta coyuntura para asegurar el sostenimiento de la universidad pública. Pero, cuando parecía que lo iba a hacer nos desilusiona con la puesta en marcha del Plan de fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema de conocimiento». A juicio del diputado de Vox, el objetivo de la Generalitat con este plan es «imponer en las universidades catalanas una docencia del 80 por ciento en catalán para el año 2025 obligando a los profesores a acreditar el C1 de catalán«.

«Por cierto, cuando le conviene a la Generalitat el porcentaje de clases en un idioma sí que es un criterio pedagógico. Es decir, para imponer el catalán en las aulas universitarias sí, pero cuando el TSJC obliga al 25 por ciento, como mínimo, de enseñanza en catalán y en castellano en la escuela catalana, entonces no es un criterio pedagógico. ¡Cuánta hipocresía!«, denuncia Manuel Acosta.

«No hace falta ser un preclaro analista para advertir que, en la medida en que se avance en la imposición del catalán en el sistema universitario catalán, nuestra región dejará de ser una opción atractiva para el talento investigador de otras partes de España y del mundo, especialmente de los estudiantes hispanoamericanos que nutrían hasta ahora en gran número las aulas universitarias catalanas. Por culpa de la ceguera ideológica del Govern y de su sectaria política lingüística, será imposible acometer una auténtica internacionalización y garantizar el sostenimiento del sistema universitario«, concluye el diputado.

Anna Grau, portavoz de Cs en el Parlament, considera que las medidas impulsadas por el plan discriminan a los docentes que no usan el catalán. Denuncia, asimismo, la inacción de la Alta Inspección educativa ante esta situación. «Estamos ante un nuevo caso de discriminación, abuso, y división entre profesores buenos y malos, adictos al régimen o desafectos; todo eso, aparentemente con la ley en la mano», dice Grau. Acusa a la Generalitat de «volver a hacer una interpretación torticera de las leyes y de las sentencias de los tribunales». «Hace interpretaciones de activismo y todo esto con la pasividad de la Alta Inspección Educativa, de la 'Síndica de Greuges' (Defensora del Pueblo en Cataluña), y de todos los mecanismos que deberían impedir estas cosas», dice la portavoz de Cs.

Respecto a que impartir docencia en catalán sea un requisito para obtener años sabáticos o promocionarse, Grau considera que «es una forma de penalizar a los que no lo hagan y de forzar a la comunidad docente a doblegarse a los intereses de la célula activista pancatalanista que está instalada en la Generalitat». «Lo peor es que esto va en detrimento de la calidad educativa y los derechos de los estudiantes que vienen de fuera de Cataluña. Nosotros lo combatiremos y nos gustaría estar más constantemente acompañados por toda la gente que sabe que ni es legal ni es moral ni es bueno para Cataluña», concluye Grau.