«La universidad no puede estar amordazada y de rodillas ante el poder»

Por este motivo desde la plataforma de la que forma parte se ha impulsado una carta abierta, dirigida a senadores y diputados de las Cortes Generales, en la que más de un millar de profesores, catedráticos y representantes del mundo de la política y la Justicia, reclaman la retirada del artículo 45.2 g) de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) al entender que «ampara los posicionamientos políticos en los campus», tal como hicieron universidades catalanas tras el referéndum ilegal de del 1 de octubre de 2017.

En la misiva, los firmantes exigen la retirada de la citada enmienda, introducida a última hora en el articulado a propuesta de los grupos de ERC y EH-Bildu, y que alude a una de las funciones «fundamentales» de los claustros, la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia» –en el redactado inicial el texto atribuía a los claustros la función fundamental de «analizar, debatir y posicionarse sobre temáticas de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política»–.

Piden también que se incorpore en la ley de Universidades, pendiente de debate en el Senado, «una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas».

«El claustro no es un órgano de representación política, sino académica», recuerda la profesora en declaraciones a ABC y advierte de que si finalmente se aprueba la polémica enmienda la ley «vulneraría principios constitucionales y derechos fundamentales». «En un principio, el redactado de la enmienda legitimaba a los claustros para posicionarse sobre temas políticos. Finalmente cambiaron lo de posicionarse por debatir, simplemente para no facilitar un recurso de inconstitucionalidad», indica Fernández en declaraciones a este diario.

Universitaris per la Convivència empezó hace años a batallar contra «la imposición de un pensamiento único» en la Universidad. Tras sus denuncias están las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenan a la Universidad de Barcelona (UB), a la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y a la Politécnica de Cataluña por no respetar el principio de neutralidad que deben cumplir las administraciones públicas.

«No queremos que se retuerza intencionadamente nuestra reivindicación. Somos los primeros defensores del debate libre de ideas en la universidad, aunque nos oponemos firmemente a la obsesión por uniformizar el pensamiento en los campus», aclara la profesora de la UAB. A Fernández le preocupa que haya una ley que abra la puerta a que los claustros puedan opinar políticamente, aunque sabe que, aunque se apruebe esa licencia en el redactado «siempre estará por encima la Constitución.

Seguirá protegiéndonos por encima de la LOSU». «Una ley no puede amparar la instrumentalización política de las universidades contraviniendo derechos fundamentales y principios constitucionales. Si se aprueba es solo para tener una estrategia política, una forma de retorcer la ley con fines políticos como ocurre con las leyes que el Govern ha aprobado para esquivar la sentencia que impone un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo».

El catedrático de Economía Aplicada de la UB Jorge Calero, el primero de los firmantes, defiende el manifiesto como una forma de evitar la imposición de un pensamiento ideológico en la Universidad. «Como uno de los impulsores de esta iniciativa creo que es muy necesario garantizar la pluralidad ideológica en las universidades españolas. Que no sean utilizadas para imponer posiciones ideológicas supuestamente hegemónicas», señala Calero en declaraciones a este medio.

Recuerda que en Cataluña «esa imposición se ha efectuado desde el independentismo». «Es inaceptable. Las universidades no pueden tener una posición política. Al tomarla, como si fueran un todo homogéneo, vulneran la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus miembros, que pueden tener (y tienen) posiciones discordantes», aclara el economista. A su juicio, «la utilización de las universidades para transmitir la idea de una unanimidad ideológica tiene un componente totalitario: se asume que las ideas de los individuos no cuentan, que las instituciones son homogéneas».

«Desde Universitaris per la Convivència defendemos precisamente lo contrario de la imposición ideológica. Defendemos la pluralidad y la capacidad de todos los miembros de la Universidad para expresar en libertad nuestras ideas», concluye.

El impacto de la carta trascendió el mundo académico . Desde su cuenta de Twitter, el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, se posicionaba a favor de los postulados del documento. «Una ley, como es la Ley de Universidades, no puede amparar que en sus claustros se puedan hacer pronunciamientos ideológicos como sucedió en el proceso de independencia de Cataluña. Se sale por completo del marco constitucional», señalaba. Avanzaba, asimismo, que su Comunidad recurrirá al Constitucional si la propuesta en cuestión «sale adelante».

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran los pensadores Fernando Savater, Félix de Azúa; el escritor Félix Ovejero; el politólogo Joan Botella o los ex magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Aragón y Alfredo Montoya.

La carta comenzó ayer a circular con la intención de que se sumen cuantos profesores consideren que las universidades no han de tener un pensamiento oficial sino constituir un foro abierto para el debate libre de ideas. Los firmantes de la carta recuerdan el eco que tuvo, en la misma línea, la reciente Declaración de Stanford sobre libertad académica, 'Restoring Academic Freedom', que, «evocando el prestigioso Informe Kalven emitido por la Universidad de Chicago en 1967, urge al respeto de la neutralidad ideológica por parte de todas las autoridades académicas», apuntan.

Desde Universitaris per la Convivència han pedido una entrevista urgente al ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que se le haría entrega de todas las firmas recogidas hasta ese momento. «Le explicaremos que la Universidad no es un todo uniforme. En su seno debe haber debate y pluralidad y eso está reñido con las presiones políticas para que impere un solo pensamiento», concluyen los impulsores.