Nueva condena a una universidad catalana por vulnerar la neutralidad ideológica

El fallo de un juzgado de Barcelona, al que ha tenido acceso ABC, anula el acuerdo del claustro de esta universidad, celebrado el 14 de septiembre de 2021, en el que este órgano denunciaba la «injusticia» de las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra antiguos miembros del Gobierno catalán . Entre ellos, los profesores Andreu Mas Colell -exconsejero de Economía durante el Govern de Artur Mas- y Albert Carreras de Odriozola. Un acuerdo que se «solidarizaba con los afectados», además de adherirse a una declaración del Institut d'Estudis Catalans que se expresaba en el mismo sentido.

Fue el colectivo de profesores constitucionalistas Universitaris per la Convivencia el que presentó un recurso contencioso-administrativo por vulneración de sus derechos fundamentales, al alegar que los órganos de la universidad no pueden emitir declaraciones políticas de contenido partidista , y ahora la Justicia les ha dado la razón, al considerar que la UPC violó la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus docentes.

Así lo ha entendido el Juzgado Contencioso 13 de Barcelona, siguiendo expresamente el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación a un manifiesto aprobado por el claustro de la Universidad de Barcelona (UB) en 2019, en el que se cuestionaba la sentencia del 1-O y exigían «la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas».

 La condena contra la UB no ha sido la única. A estas se unen los varapalos judiciales contra la Universidat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) por emitir declaraciones políticas partidistas, mientras que la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) denegó la inscripción en su directorio de una asociación de estudiantes constitucionalistas .

Ahora, el fallo contra la UPC sostiene que «la universidad, en cuanto administración pública, [está obligada] a mantener la misma neutralidad que se exige a los demás órganos integrantes de ésta» y que «no cabe (…) entender que un pronunciamiento de carácter político integre el derecho fundamental a la autonomía universitaria, vinculado a los intereses educativos, científicos y profesionales de la sociedad».

Desde la plataforma de profesores constitucionalistas lamentan que los órganos de las universidades públicas insistan en actuar de manera claramente ajena a sus funciones y contra los derechos fundamentales de todas las personas que las integran. «Con este tipo de actuaciones, los responsables de las universidades catalanas están perjudicando seriamente la libertad académica», señalan.

Además, recuerdan que «sorprende que un claustro universitario ignore de manera tan descarada sus competencias y sus deberes, cuando una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la condena a la Universidad de Barcelona por hechos semejantes».