Una moneda de cambio electoral

Tras la Ley General de Educación (1970), que como gran novedad estableció la educación obligatoria hasta los 14 años, con la democracia llegaron varias leyes, algunas de las cuales dejaron una impronta que aún se mantiene, aunque difuminada por la evolución de la sociedad y porque la experiencia ha revelado la ineficacia y los errores de ciertos preceptos. Tres son las leyes que todavía suscitan encuentros y desencuentros: Logse, LOCE y LOE, actualmente vigente. Entre ellas, ha habido otras, como la Loece, LODE, Lopeg, Locpf, LRU o LOU, también en vigor, aunque modificada parcialmente.

En los albores de los 90, el PSOE promueve y saca adelante la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse), que amplía la educación obligatoria a los 16 años; sustituye la casi mítica EGB por Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO); y establece un nuevo Bachillerato de dos años (16-18) y una Formación Profesional de Grado Medio, a la que se accedía desde la ESO.

La norma estuvo vigente hasta 2002, cuando el PP, en su segunda legislatura, con mayoría absoluta, decidió aprobar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que apenas entró en vigor, ya que dos años después, en 2004, al borde de la implantación de las nuevas enseñanzas, el PSOE volvió a gobernar, suspendió la aplicación de la LOCE y elaboró otra normativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE), que recibió el respaldo parlamentario en 2006.

La proliferación de leyes no ha hecho sino devaluar el sistema educativo español, a juzgar por la radiografía que de él hacen los informes nacionales e internacionales, que lo sitúan a la cola de los países desarrollados: fracaso y abandono escolar prematuro, desequilibrio entre los titulados en FP y en Bachillerato, escasez de recursos, desinterés de los padres por la escuela, que se traduce en bajo rendimiento de los alumnos y escasa o nula consideración social hacia el profesorado, cuando no una actitud agresiva y hasta violenta con quienes han elegido como profesión formar a las ciudadanos del futuro.

La aplicación de la LOE ha generado debates elevados de tono y, por qué no decirlo, estériles, porque los auténticos problemas educativos siguen sin resolverse. Gran parte de ese debate fue copado por la Educación para la Ciudadanía (EpC), una asignatura obligatoria creada por la propia ley para impartir valores, pero mal planteada, a juicio de una inmensa mayoría de la comunidad educativa.

La oposición a esta disciplina llevó a un significativo número de familias a plantear la objeción de conciencia para que sus hijos no la cursaran. Hubo encuentros y desencuentros, acciones más o menos polémicas de algunas administraciones autonómicas y sentencias judiciales a favor y en contra, hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que no era procedente esa objeción.

Entretanto, el informe Pisa o las ediciones anuales del Panorama mundial de la Educación de la OCDE mantenían, y mantienen, a España entre los países con un sistema educativo plagado de lagunas y con urgencias para entrar en el camino de la recuperación, que es el de la regeneración. Nuestros índices de abandono escolar (30%) duplican la media de la UE, y algo similar sucede con el fracaso. Las evaluaciones a los alumnos, como la realizada en 4º de Primaria, también muestran una gran desigualdad entre unas y otras comunidades autónomas, y ponen de relieve que es en este nivel educativo donde hay que comenzar a rectificar para evitar el fracaso.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, convencido de que el futuro apremia, se propuso como objetivo prioritario la consecución de un Pacto de Estado para afrontar los desafíos educativos entre todos. En este sentido, hay que recordar que la Unión Europea (UE) quiere, en la Estrategia Europa 2020, reducir el abandono escolar prematuro y aumentar los titulados superiores del 30 al 40%. La propuesta de pacto del Gobierno, debatida con partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y de alumnos y representantes de amplios sectores sociales, buscaba «estabilidad normativa y confianza» para evitar los vaivenes que zarandean al sistema educativo. Y en este plan, el Partido Popular era parte fundamental. Sin embargo, y tras largos meses de negociación, el PP se apeó del tren porquqe consideraba que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no había «querido cambiar el modelo educativo fracasado» ni había «modificado el texto con las reivindicaciones del PP».

Sin pacto de Estado Gabilondo intentó un pacto social con el mismo contenido, pero tampoco fue posible. No obstante, el ministro, tras reconocer que el objetivo no se había logrado, decidió reconducir la situación y proponer una serie de medidas para la «mejora del sistema educativo». El Plan de de Acción 2010-2011, basado en los planes del pacto nonato, hará hincapié en la mejora del rendimiento escolar, el plan estratégico de FP, la organización del sistema educativo y la enseñanza de idiomas. La Universidad, con el desarrollo y la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es también un desafío primordial. Bolonia es un camino de difícil retorno que las universidades deben aprovechar para alzarse a lugares de privilegio.

Pero la crisis económica y los recortes presupuestarios siembran la inquietud. Nadie cuestiona que la mejor inversión es la que se hace en educación, pero este principio se aplica con escasa frecuencia. Además, cabe preguntarse si en los tiempos que corren, con llamadas electorales en puertas, la educación seguirá como moneda de cambio político.