La Justicia suspende de forma cautelar el decreto que blinda a las escuelas para incumplir el 25% de castellano

En un auto, al que ha tenido acceso ABC, la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ catalán estima el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra la norma y la suspende cautelarmente al apreciar en la misma «visos de lesión en los derechos fundamentales, más allá de cuestiones de legalidad ordinaria, en su vertiente del derecho a recibir enseñanza en lengua castellana» en tanto que el desarrollo reglamentario del decreto contempla el catalán como única lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Entiende, asimismo, que la administración autonómica no puede dejar en manos de los centros que «determinen la presencia del castellano» sin que se fije «una garantía mínima del uso de dicha lengua vehicular más de la impartición de la asignatura de lengua».

Con su fallo, el TSJC admite el recurso de la AEB en el que la entidad reclamaba su paralización al entender que es «hispanofóbico» y «altamente intervencionista», y que «vulnera la Ley Orgánica de Educación, lo que establece el Tribunal Constitucional en materia de lengua y la propia Ley de Política Lingüística». Ana Losada, presidenta de la AEB celebra la decisión del alto tribunal. «Lo ha suspendido porque tiene apariencia de inconstitucional y, de aplicarse, vulneraría derechos lingüísticos fundamentales», asegura en declaraciones a ABC.

En su argumentario, el TSJC considera que «la norma aquí impugnada da cobertura a acciones educativas que pueden situar en una posición marginal a la lengua castellana en la enseñanza, puesto que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán y, en su caso, del aranés, intensificando el modelo único inmersivo de enseñanza gratuita para todos los alumnos y alumnas«.

El Ejecutivo de Aragonés aprobó la norma, ahora suspendida, en sus últimas reuniones y apenas dos días después de las elecciones del 12 de mayo para dejar su impronta en materia lingüística, tema nuclear del nacionalismo en los últimos años tras la liberación de los presos del 'procés'. A la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022, instrumentos legales con los que Cataluña intentó hace dos veranos frenar la aplicación de la sentencia histórica de 2020 que establece un 25% de castellano en todo el sistema educativo, el Govern aprobó este decreto que refuerza el uso del catalán en la enseñanza, dentro y fuera de las aulas.

Con esta norma de rango inferior, que ahora el TSJ catalán ha suspendido de forma cautelar, el Govern otorga protección jurídica a los proyectos lingüísticos, a través de los que se despliega la inmersión, y protegía a las direcciones de las escuelas y los institutos a la hora de incumplir porcentajes de español, punto este último que enfrentó a las direcciones de los centros con la Generalitat cuando ésta les instó a «saltarse» sentencias firmes que fijaban esa proporción de español en sus centros.

El decreto, que tiene rango normativo y que despliega el título II de la Ley de Educación de Cataluña de 2009, exonera también a los directores de cualquier responsabilidad legal a la hora de saltarse las sentencias o medidas cautelares que establecen ese porcentaje de castellano. Y permitía al Govern tomar definitivamente el control de los Proyectos Lingüísticos de Centro, obligando a las direcciones a presentar antes del 9 de septiembre, fecha en la que empiezan las clases, sus planes de lengua ante el departamento. La nueva norma recuerda que debe haber una comisión de seguimiento de la aplicación de los planes de lengua en cada centro, y anuncia sanciones para aquellas direcciones que no sigan con lo pautado en su ruta lingüística, previamente validada por el Govern.

Tras conocer la decisión del TSJC, la consejera de Educación, Anna Simó, ha anunciado que recurrirá el auto. En declaraciones a los medios, recogidas por Ep, ha criticado que, en su opinión, hay jueces que «se extralimitan» y que han decidido, pese a no tener funciones legislativas y ejecutivas, decir cómo debe ser el régimen lingüístico en las escuelas de Cataluña. Para Simó, es una «idea peregrina» que el 25% de las materias troncales no lingüísticas tengan que hacerse en español.

En esta línea, la consejera se ha mostrado convencida de que el decreto de régimen lingüístico del Govern, ahora suspendido cautelarmente, es «impecable de acuerdo a toda la normativa orgánica y básica», por lo que presentarán recurso antes de que finalice el plazo para hacerlo el 15 de julio; y ha cargado contra la AEB y los jueces la apuntar que lamenta que estos «escuchen más a una asociación que a un consenso social y político mayoritario».

Simó ha remarcado que el decreto de régimen lingüístico se basa en normativa previa y ha afirmado no entender que se dé «pábulo a los argumentos de una asociación que no atienden a ningún motivo sociolingüístico o pedagógico, sino altamente político, creando un contexto falaz de minorización del castellano en Cataluña«. La consejera ha dicho, también, que el objetivo de la normativa es »la igualdad de oportunidades y que el alumnado sea competente en las lenguas oficiales y una lengua extranjera«.