El Govern dará más poder a los inspectores educativos para que vigilen el uso del catalán

Ahora, el Govern, en funciones, da un paso hacia adelante al plantear la modificación del Decreto 12/2021 de la Inspección de Educación de 2020 para «mejorar la concreción de las funciones de la Inspección Educativa en relación con el régimen lingüístico no universitario», «definir las competencias profesionales para el ejercicio de la función inspectora» y mejorar «la eficiencia en la provisión de altos cargos de la Inspección de Educación».

El Ejecutivo ha aprobado hoy abrir «una consulta previa» para modificar el actual marco normativo, vigente desde hace dos años, con la intención de, según arguye, «dar seguridad jurídica» a los cambios, unos cambios que el sector interpreta como «una forma de controlar de cerca el uso del catalán en los centros».

En rueda de prensa, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que esta consulta previa "no deja de ser un trámite para dar garantías jurídicas para que quede absolutamente recogido cuál debe ser la función de los diferentes inspectores" ante los cambios en el decreto. "Era un paso necesario ligado a decisiones previas que se habían tomado", ha añadido la portavoz.

La Generalitat lleva años buscando fórmulas para reforzar el papel de la inspección en materia lingüística. La exsecretaria de Transformación Educativa de la Generalitat, Núria Mora, -mano derecha del ex consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray-, reconoció abiertamente en diciembre de 2021 que este cuerpo profesional tendrá un papel capital en el cumplimiento del nuevo «objetivo de país» y que se instruirá correctamente a sus miembros para que vigilen si los proyectos lingüísticos de los centros amenazan la supremacía curricular del catalán, tal como informó este diario en su edición del día 13 de diciembre de 2021.

«A partir de este curso -añadió la responsable educativa-, en el marco del Plan Director de la Inspección , se fija como objetivo que cuando los inspectores vayan a un centro a realizar una visita vean qué es lo que pasa con la lengua, qué situación lingüística tienen, qué planes lingüísticos están llevando a cabo y si están actualizados». Sus palabras confirmaron lo que desde hace años vienen denunciando varios inspectores consultados por ABC, que «la Generalitat pretende utilizar una vez más a estos profesionales con fines exclusivamente políticos».

«Los inspectores deberían, en el ejercicio de su profesión y desde la más absoluta independencia, velar para que se cumpla la sentencia que impone un 25 por ciento más de castellano en todo el sistema educativo, pero en vez de ello, el Gobierno catalán les instiga a que infrinjan la ley», señaló entonces en declaraciones a ABC Jesús Rul, que ejerció como inspector en Cataluña durante 32 años.

El Gobierno traspasó en los años 80 a Cataluña la gestión de la inspección educativa . Desde entonces, la función de este órgano profesional destinado a supervisar el ajuste legal de las conductas escolares en el sistema educativo, y si hay irregularidades, objetivarlas para que se corrijan, «se ha ido desvirtuando con el paso de los años», denunció Rul.

En Cataluña existen actualmente 236 inspectores, un cuerpo estatal aunque controlado y gestionado directamente por la Generalitat. Su estructura profesional, con un nivel de interinaje sin parangón en España –hasta 2020 en que se convocaron un centenar de plazas ocho de cada diez inspectores eran nombrados por la Generalitat y no accedían al cargo a través de oposiciones–, garantizaba al Gobierno catalán, según denuncia el sector, un control político directo sobre el órgano.

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), su presidenta Ana Losada, critica la falta de neutralidad del cuerpo de inspección. "El sistema educativo catalán está en crisis y la inspección educativa es parte del problema. Su servicio a los intereses del gobierno nacionalista está por encima de los de supervisar la calidad del aprendizaje. Las visitas de inspección se centran cada día más en fiscalizar el uso del catalán ya que el resto es secundario. No esperamos propuestas en sentido contrario al actual", concluye.