El TSJ catalán admite a trámite un recurso contra el decreto que excluye el castellano de las aulas

El decreto se aprobó el pasado 14 de mayo, dos días después de las elecciones autonómicas. En plena resaca electoral, el Govern en funciones de Cataluña aprovechó para dejar su impronta en materia lingüística, tema nuclear del nacionalismo en los últimos años tras la liberación de los presos del 'procés'. A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022, instrumentos legales con los que Cataluña intentó hace dos veranos frenar la aplicación de la sentencia histórica de 2020 que establece un 25% de castellano en todo el sistema educativo, el Govern aprobó este decreto que refuerza el uso del catalán en la enseñanza, dentro y fuera de las aulas.

En su escrito, la AEB sostiene que la norma «vulnera derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución como son el derecho a la no discriminación (Art. 14 ) y el derecho a la educación (Art. 27)», y «supone, en su totalidad, la infracción del ordenamiento jurídico por haber sido aprobado por un gobierno en funciones más allá de lo que permite el art. 27 de la Ley catalana 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno».

Añade, asimismo, que en el Decreto, «el castellano, no es reconocido como lengua oficial ni como lengua propia. La consecuencia de esa declaración es que no disfruta de la condición de lengua de la enseñanza ni de la Administración educativa».

Por todo ello, la entidad, solicita la nulidad del Decreto y pide que en tanto no se dicte sentencia, se adopten medidas cautelares que impidan su entrada en vigor.

Por último, la AEB manifiesta su «indignación ante el reiterado desamparo de los ciudadanos catalanes a las practicas sectarias en el ámbito lingüístico de la Generalitat». «El Gobierno de España no ha criticado ni ha actuado ante la aprobación y entrada en vigor de este Decreto el pasado miércoles 5 de junio. De nuevo son los ciudadanos los que han de recurrir a los tribunales para impedir la vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña e intentar reemplazar la dejadez de funciones de los responsables políticos», concluye la Asamblea por una Escuela Bilingüe.