Un Govern catalán en funciones blinda a las escuelas para incumplir el 25% de clases en español
El ejecutivo de Aragonès aprueba un decreto, en base a la ley pactada con el PSC, con el que asume la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos
Europa aprueba el fin de la inmersión lingüística y exige proteger el castellano y a las familias que lo piden en Cataluña
En plena resaca electoral, apurando las últimas reuniones, el Govern en funciones de Cataluña aprovecha para dejar su impronta en materia lingüística, tema nuclear del nacionalismo en los últimos años tras la liberación de los presos del 'procés'. A la espera de que el Tribunal ... Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022, instrumentos legales con los que Cataluña intentó hace dos veranos frenar la aplicación de la sentencia histórica de 2020 que establece un 25% de castellano en todo el sistema educativo, el Govern da ahora luz verde a un decreto que refuerza el uso del catalán en la enseñanza, dentro y fuera de las aulas.
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Con esta norma de rango inferior el Govern otorga protección jurídica a los proyectos lingüísticos, a través de los que se despliega la inmersión, y protege a las direcciones de las escuelas y los institutos a la hora de incumplir porcentajes de español, punto este último que enfrentó a las direcciones de los centros con la Generalitat cuando ésta les instó a «saltarse» sentencias firmes que fijaban esa proporción de español en sus centros.
El decreto, que tiene rango normativo y que despliega el título II de la Ley de Educación de Cataluña de 2009, exonera a los directores de cualquier responsabilidad legal a la hora de saltarse las sentencias o medidas cautelares que establecen ese porcentaje de castellano. Y permite al Govern tomar definitivamente el control de los Proyectos Lingüísticos de Centro, obligando a las direcciones a presentar antes del 9 de septiembre, fecha en la que empiezan las clases, sus planes de lengua ante el departamento.
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Éste los supervisará y los devolverá a los centros si les da el visto bueno definitivo. Posteriormente, la inspección educativa, órgano fiscalizador de su política educativa, supervisará el cumplimiento de las medidas. La nueva norma recuerda que debe haber una comisión de seguimiento de la aplicación de los planes de lengua en cada centro, y anuncia sanciones para aquellas direcciones que no sigan con lo pautado en su ruta lingüística, previamente validada por el Govern.
En una rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, su portavoz, Patrícia Plaja, ha defendido que con este decreto el Govern tendrá «un instrumento jurídico que regula la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los proyectos» lingüísticos. «Será la Consejería de Educación la que validará el proyecto de cada uno de los centros en Cataluña y también asumirá la responsabilidad sobre la legalidad en todos los casos en que los haya validado, y no las direcciones de los centros», ha afirmado Plaja.
«Hispanofóbico e intervencionista»
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya ha anunciado que recurrirá el decreto, que califica de «hispanofóbico» y «altamente intervencionista», y pedirá su suspensión cautelar al entender que «vulnera la Ley Orgánica de Educación, lo que establece el Tribunal Constitucional en materia de lengua y la propia Ley de Política Lingüística», según señala en declaraciones a ABC José Domingo, asesor jurídico de la AEB.
La norma ratifica que el catalán debe ser «la lengua vehicular y de aprendizaje» en el sistema educativo y también la única lengua de acogida para los alumnos recién llegados a Cataluña. Aunque reconoce que los alumnos deben dominar las dos lenguas oficiales al acabar la educación obligatoria, rebaja el uso del español como lengua curricular y lo limita a usarlo en «los términos que fijen los proyectos lingüísticos», que estarán bajo la tutela absoluta de la Generalitat y supervisados por su cuerpo de inspección.
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El decreto establece también que todas las comunicaciones internas de los centros y las dirigidas a las familias, así como la rotulación, deberán estar en catalán. Extiende también el uso de la lengua autonómica a las actividades extraescolares y de ocio del alumnado, mediante convenios con la administración local y advierte, asimismo, de que los centros no pueden separar al alumnado por criterios lingüísticos ni «aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas» y avala la atención individualizada en castellano para el primer año de escolarización, haciendo caso omiso a los reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo que la desaconseja por ser una medida «discriminatoria» para el alumnado.
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