Igualdad pide aumentar la indemnización de las víctimas de violencia de género a 250.000 euros

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ABC /EP

Igualdad ha contado con un presupuesto récord, pero no se contiene la lacra. En 2023 hay 320 millones de euros destinados a combatir las violencias machistas, pero la hemorragia de asesinatos no se tapona

La número dos de Igualdad ha notificado que en el comité de crisis celebrado hoy por los cinco asesinatos machistas que ha contabilizado la Delegación del Gobierno contra esta lacra en el mes de mayo (pese a que hay dos casos más en investigación, y no se computan como víctimas los fetos de las mujeres asesinadas estando embarazadas) se ha ordenado al 016 que informe mejor a las mujeres cuando tienen hijos del presunto agresor y se les comunique que deben anular el régimen de visitas. Y que ese niño no vuelva a ver a su padre.

En términos económicos, Igualdad también ha pedido ampliar las horquillas económicas de las ayudas compensatorias que se dan a la mujer víctima de violencia sexista. Por ejemplo, que el fondo de garantía de pago de alimentos amplíe las ayudas e incluya no solo a los hijos de la mujer víctima, sino también a personas dependientes al cargo de esas víctimas, también para sus hijos hasta que cumplan los 26 años si lo necesitan. Además, el anticipo que se ha de dar a estas mujeres en base a ese mismo fondo de garantía debe elevarse de los cien euros mensuales a 500 euros "para prevenir situaciones de vulnerabilidad económica que llevan a las mujeres a situaciones muy complejas", propone el departamento de Irene Montero.

Asimismo, «también hay que aumentar el umbral del nivel de ingresos en el hogar de esa mujer, que ahora mismo está en 8.000 euros fijado y eso es muy poco dinero» para salir adelante del círculo de la violencia de género, ha considerado Rodríguez.

El Ministerio de Igualdad ha trasladado a las comunidades autónomas en la reunión del tercer comité de crisis por repuntes de asesinatos que todas estas reformas deben implantarse con la debida diligencia.

Según los datos que ha proporcionado Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar las víctimas de violencia de género hace ya veinte años, 1.204 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, veinte en lo que va de año. Cinco solo en el mes de mayo, ha dicho, el listón prefijado para convocar los comités de crisis, aunque hay otros dos casos de mujeres asesinadas en los últimos días aún en investigación que no han pasado a sumarse aún en la estadística de la Delegación. Otra mujer se debate aún en Sevilla entre la vida y la muerte tras ser apuñalada en plena vía pública.

Un menor ha sido asesinado en 2023 (49 desde que comenzaron a computarse, en 2013), ha especificado Rosell, pese a que dos mujeres muertas este mayo estaban embarazadas, uno de gemelos. Los fetos no se añaden al listado, ha confirmado. Y 22 menores de 18 años han quedado huérfanos este año por el azote de la violencia sobre sus madres.

Lo que sí se ha instado a modificar son los actuales protocolos de protección para mujeres embarazadas, tras analizar los últimos casos de crímenes machistas registrados en el mes de mayo. Igualdad propone que se extienda su protección y que tengan la consideración adicional de víctima más vulnerable para "garantizar" que el embarazo llegue a término y que, además, se dicte una orden de protección que incluya al bebé tras el nacimiento. Esto último evitará, según ha indicado Rosell, que la madre tras el parto tenga que solicitar la eliminación del régimen de visitas por parte de su presunto agresor.

Otra de las cuestiones tratadas en esta reunión de crisis es revisar los permisos de armas para los maltratadores, ya que una de las asesinadas del mes de mayo fue tiroteada por su agresor. Rodríguez urgió a que "se revise la política de tenencia de armas" y que se restrinja a los denunciados por violencia machista, "algo que ahora no se hace", enfatizó por lo que abogó "que se haga de forma automática" de forma preventiva.