Diario de un centro de menores: «Me cogió del cuello y me estampó»

«Varias veces me desperté con unos dolores de cuerpo impresionantes; te dan patadas en las espinillas, te amenazan y dan puñetazos… A lo mejor tiene 14 años, pero mide 1,80, pesa 80 kilos y es violento», relata esta joven de 30 años, que ha trabajado en pisos tutelados y otros centros del sistema de protección que acogen a adolescentes porque sus familias no pueden o no quieren cuidarlos.

ABC recoge los testimonios de dos educadoras sociales y una psicóloga que narran el problema estructural de inseguridad y precariedad de las trabajadoras de lo social en instituciones de protección y reforma: falta de personal, sueldos bajos, incumplimiento de los ratios...

Junto con las declaraciones de la presidenta del Colegio General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (Cgcees), Lourdes Menacho Vega, que en estas páginas exige al Gobierno un marco regulatorio estatal que garantice la igualdad de trato a los atendidos y dignifique a los profesionales. Las cuatro responsabilizan a las administraciones y al sistema y no a los chavales.

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El asesinato de la educadora social Belén Cortés, perpetrado presuntamente por tres menores en un piso de cumplimiento de medidas judiciales -menores que han delinquido antes-, en Badajoz, destapó la situación de riesgo que vive el personal. Tarea que asumen con vocación de asistir y ayudar a niños y adolescentes vulnerables y que terminan abandonando por estas circunstancias límite.

«Tuve que reincorporarme al trabajo antes de llegar al año de baja aunque no estaba bien, y me enfrenté a una escalada de violencia y pérdida de control absoluto: se organizó un motín en el centro de régimen cerrado en el que trabajaba», recuerda Victoria Salinas, desde Valladolid, que lo dejó hace un año por «temor e impotencia».

«Estuve sujetando una puerta veinte minutos porque al otro lado había chavales con vasos y cuchillos -relata Salinas-, si no entraron no fue porque yo tenga mucha fuerza, sino porque ellos mismos no quisieron». Esta joven de 32 años impulsó antes de ayer una recogida de firmas en Change.org para solicitar al Ministerio del Interior que a todos los trabajadores de lo social les acompañe personal de seguridad. Ya lleva más de 80.000 recogidas.

Los centros para menores infractores, que acogen a los que han delinquido, sí suelen contar con un vigilante, no obstante, su capacidad de reacción está limitada al tratarse de prácticas de contención contra menores de edad.

La inestabilidad se agrava en las instituciones para menores en situación de desprotección porque como no han cometido ningún delito, la ley no prevé la necesidad de personal de seguridad. Tampoco hay cámaras de vigilancia por protección a la intimidad de los niños. «Un día se coló andando un chaval de unos 15 años a mi módulo y dije: '¿Pero este quién es?'. Venía a amenazar con una navaja a uno del centro y en la calle esperaba un grupo de otros 20 chavales con palos», relata María.

La presidenta del Cgcees advierte que han detectado «un mayor número de personas con trastornos mentales que tienen asociados comportamientos agresivos» que no se tratan adecuadamente «por falta de medios».

Las trabajadoras entrevistadas también lo han vivido. «Son muy imprevisibles, algunos llegan sin diagnosticar. Tienen problemas serios y no sabes en qué momento pueden coger un cuchillo», advierte María, que recuerda que en su centro de atención inmediata auxilian sin filtrar los perfiles. Victoria Salinas lo explica así: «Los protocolos están lejos de la realidad porque ante situaciones así de graves piden que lleves al menor hacia la calma y la relajación y que por arte de magia se les pase».

La psicóloga Belén G., zaragozana de 32 años, trató directamente estos casos: trabajó en un centro de menores tutelados con trastorno mental grave de la Comunidad de Madrid. Esta joven explica que como el trabajo lo realizaban desde un punto de vista terapéutico con chicos que no estaban bajo ninguna medida judicial, tampoco se consideraba útil el personal de seguridad.

«Nos daban algún curso de contención para que no se hicieran daño o hicieran daño a otros, pero yo no me sentía segura», admite la psicóloga; y añade: «Era frecuente que hubiera problemas de conducta, un día uno de los menores me cogió del cuello y me estampó contra la pared». A pesar de estas experiencias y de enfocar su carrera por otro ámbito, Belén explica estos conflictos desde la «herida» del menor: «Son los primeros que sufren».

Las consecuencias de esta agresividad no son contempladas como una enfermedad laboral y los profesionales no tienen consideración de autoridad pública ante agresiones como los sanitarios. La presidenta de Cgcees explica que las condiciones salariales y laborales dependen de si son personal funcionario o no, si están en empresas privadas o en ONG, si perciben pluses o si trabajan con ancianos o con privados de libertad...

«Es un sector feminizado, muy precarizado con salarios bajos y condiciones ampliamente mejorables. Los convenios laborales no prevén las situaciones que se viven en los centros», reprocha Menacho Vega, que critica además que las administraciones contraten a empresas para gestionar recursos tan sensibles. «Esto precariza a las educadoras sociales y a otros profesionales y merma la calidad de los servicios».

Desde el Cgcees reprochan también que se contrate personal que no está cualificado y sin titulación específica para estas tareas de intervención socioeducativa: «Exigimos a las administraciones públicas la obligatoriedad de estar en posesión del título de educación social».