La educadora social asesinada en Badajoz advirtió de que corría peligro: «Ya había denunciado por amenazas»

El domingo, Belén se presentó a trabajar en una de las viviendas tuteladas por la Junta en Badajoz. Concretamente, en un chalet ubicado en la tranquila Urbanización Guadiana. Cerca de la medianoche, presuntamente, se produjo una «muerte violenta», tal y como describe la Delegación del Gobierno. Se desconocen detalles oficiales sobre cómo se produjo, pero las primeras informaciones hablan de signos de asfixia. Al parecer, Belén habría sido golpeada y después estrangulada con un cinturón.

Fuentes consultadas por ABC, hablan de una muerte «escabrosa», aunque evitan entrar en detalles. Instantes después, otro educador social es el que da la voz de alarma a las autoridades, que llegan al domicilio cuando ya nada se podía hacer por salvar la vida de Belén. En ese momento, los menores que posteriormente fueron detenidos, dos chicos de 14 y 15 años y una chica 17, ya no estaban en el domicilio. Los adolescentes huyeron en el coche de la víctima, hasta que tuvieron un percance que les impidió seguir la marcha. Después, ya a pie, hicieron autostop para llegar hasta Mérida, donde, finalmente, fueron detenidos por la Policía Nacional.

Ayer lunes, se realizó la autopsia de Belén, cuyo cuerpo será enterrado este martes, a las 17.00h, en su localidad natal, según confirma a ABC el Ayuntamiento de Castuera, que, además, ha decretado tres días de luto oficial para honrar la memoria de una vecina «muy querida».

Dos de los menores detenidos por el presunto asesinato de Belén llevaban un mes en la vivienda de la calle Castillo de Benquerencia, a la que fueron trasladados por la autoridad judicial tras cometer varios delitos. Estos dos menores son, además, los mismos que se fugaron el pasado 1 de marzo de la vivienda tutelada, siendo hallados una semana después en el municipio pacense de Villafranca de los Barros. El padre de uno de ellos denunció la desaparición ante los medios.

El crimen se ha cometido poco después de que volviesen a ser trasladados a la vivienda tutelada. Además, en las últimas horas, se ha dado a conocer que la fallecida había interpuesto denuncias con anterioridad, alguna de ellas por amenazas. A su entorno, le habría transmitido la «inseguridad» que sentía cuando realizaba su actividad laboral.

Una compañera aseguraba ante los medios que ayer se concentraron en las instalaciones tras el crimen que «había habido denuncias previas contra este chico», en alusión a uno de los detenidos: «Habiendo denuncias debería estar cumpliendo condenas o medidas aquí en el centro».

El sentir general, no solo de localidad natal, sino de toda Extremadura es un clamor. Shock, disgusto, tristeza, pero también rabia e impotencia. De manera espontánea, se convocaron en la región numerosas manifestaciones de educadores y trabajadores sociales, que, por otra parte, ya venían siendo reivindicativos meses atrás.

Una compañera directa, que prefería permanecer en el anonimato y con su voz distorsionada, habló para la Cadena COPE en Extremadura. Decía que «podría haberle pasado a cualquiera» y reconocía que ya había habido problemas con los internos, con «robos o amenazas», pero que «nunca habían llegado a este punto».

En la misma línea, tomó la palabra, en una de las manifestaciones celebradas en Badajoz, Sheila Gómez. Ella trabaja en el centro de menores Marcelo Nessi, donde se han sucedido las polémicas en el último año, con varios intentos de motines y agresiones a los funcionarios. Con voz rota y lágrimas en la cara, lamentaba la muerte de Belén: «Estamos consternados, llevamos meses reivindicando que los menores son cada vez más agresivos, pedimos más protección, más medidas de seguridad, porque al final ha pasado lo que tantas veces hemos temido que pasara».

Gómez también ponía el foco en la ligereza de las penas: «Son mayores, tienen conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, pero les sale muy barato matar, no hay consecuencias». Ella, en concreto, dice que lleva una década siendo trabajadora social y que nunca ha vivido «tantas agresiones como este año».

Los sindicatos UGT, USO o CSIF han exigido a las administraciones «medidas urgentes» tras este «trágico asesinato». Defienden que los trabajadores y educadores sociales se enfrentan a episodios de «estrés emocional, turnos en solitario y potenciales situaciones de conflicto». El propio Consejo del Trabajo Social también se ha pronunciado, mostrando su «consternación y preocupación» por un suceso que pone en «evidencia las precarias condiciones» del sector.

Por su parte la Junta de Extremadura, con competencias en este asunto, y en concreto su presidenta, María Guardiola, ha trasladado sus «condolencias» a la familia de Belén, señalando también que su consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, lleva «desde el primer momento sobre este suceso terrible y dramático».

La presidenta extremeña apelaba a la Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los que, ahora, dependen los tres menores detenidos, que están en manos de la Fiscalía de Menores.