Denunciados por detectar abusos a niños: «Nos dejan desprotegidos»

Silvia lleva ya dos denuncias por haber visitado a niños víctimas de maltrato por parte de su madre y a una niña que aseguraba que su padre abusaba de ella. Por la primera, el colegio profesional de la comunidad autónoma en la que ejerce solicita para ella una inhabilitación de varios días. En concreto, la acusan de haber incumplido dos artículos del código deontológico del psicólogo.

La clave está en el artículo 25 del mismo, que establece que cuando el psicólogo haga una intervención a personas menores de edad informará a ambos padres o tutores. En casos de maltrato o abuso a los niños, los profesionales creen que informar al presunto infractor pone en peligro a los niños. También en el artículo 42 de la mencionada norma deontológica, que estipula que cuando la evaluación «ha sido solicitada por otra persona -jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado-, éste último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del Informe Psicológico consiguiente».

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Silvia, la psicóloga afectada, dice que «el problema es que se pone en la misma balanza a un niño que viene por ansiedad porque no gestiona bien los exámenes, o por 'bullying' que a uno que viene porque su progenitor ejerce algún tipo de violencia contra él. Ese padre o madre, presunto maltratador, nunca va a autorizar que se examine al niño, y en el momento en que yo le informe de que voy a hacerlo se puede poner en riesgo al chaval», asegura. Ella, dice, se siente «desprotegida» por su colegio profesional, pero teme incluso más el desamparo de los menores: «Mientras haya que informar, el niño va a estar desprotegido».

El protocolo a seguir, apunta por su parte Ramón Vilalta, coordinador de la División de Psicología Jurídica del Consejo General de la Psicología, tiene «garantías» para los profesionales. «Los procedimientos deontológicos de esta naturaleza no se pueden abrir de oficio. Es un padre o madre quien pone la denuncia ante el colegio y este la traslada a la Comisión Deontológica, que propone las medidas contra el profesional, que puede ser alguna o ninguna», explica. Además, prosigue, el profesional puede alegar por qué ha actuado de esa forma. «Tiene que haber una mínima tarea de prueba, que se pueda probar que esos hechos sucedieron», remarca Vilalta. Este tipo de denuncias, añade, son frecuentes en procesos de separación o divorcio.

Pero la queja de Silvia se basa además en la disparidad que, asegura, hay entre los colegios profesionales de las comunidades autónomas a la hora de tratar estas denuncias contra profesionales. Silvia presentó ante el suyo documentos que demuestran cómo los de otras provincias avalan su forma de actuar, pero hasta el momento no ha conseguido que su caso se archive.

Los profesionales lamentan el aumento de estos casos. «Esta situación va a más», sentencia Antonio Gancedo, miembro de la junta de la Sociedad Española de Pediatría Social que ha sufrido también denuncias de este tipo. «Hace mes y medio me denunciaron ante el Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Madrid por mala praxis por una supuesta preferencia hacia la madre de un menor», relata.

En su caso, la comisión del colegio profesional encargada del caso optó por sobreseerlo, «pero el simple hecho de que recibas una carta certificada a tu nombre que viene del colegio de médicos no es para felicitarte la Navidad...», dice este pediatra como muestra de que no es una situación agradable. Estas denuncias, expone, que se están dando también en centros de Atención Primaria y hospitales, se multiplican en las consultas de Pediatría Social, «donde el 85 por ciento de las situaciones son de violencia hacia niños, niñas y adolescentes».

Este pediatra sabe que, por su trabajo, se convierte en el objetivo de maltratadores, «tanto hombres como mujeres», sostiene. «Lo que pasa es que la gente que maltrata, aparte del daño que genera, quiere obtener el control o sometimiento de la víctima. Y cualquier estructura o dispositivo profesional por el que esa persona que está siendo vulnerada pueda salir de esta relación tóxica genera respuesta por parte del victimario», apunta. Esa respuesta es a veces la denuncia contra los sanitarios.

Los profesionales ven además otro problema que puede surgir tras este tipo de denuncias. Y es el hecho de que haya sanitarios que puedan ponerse de perfil ante evaluaciones a niños que presentan signos de haber sido maltratados o abusados por miedo a que una sanción acabe con sus carreras profesionales. Afortunadamente, asegura Gancedo, son pocos. «Hay un sector de la población de sanitarios que no lo ven como un problema sanitario, sino social, alejado de la medicina clásica. Pero es un porcentaje bajo. La gran mayoría no son así», defiende.

Myriam Fernández Nevado, abogada especialista en abuso sexual infantil, conoce bien las implicaciones que tienen estas denuncias contra profesionales. Asesora a un equipo de pediatras y psicólogos que están pasando por esta situación. Hace un par de años, los sanitarios fueron denunciados ante el Colegio de Médicos tras haber atendido a una niña que relataba presuntas agresiones sexuales por parte de su padre -en el pasado ya había habido una denuncia por los mismos hechos que fue archivada provisionalmente-.

Los profesionales la evaluaron para comprobar si presentaba alguna lesión que fuera compatible con dichas manifestaciones. «Se le aplicó el protocolo sin pruebas que fueran invasivas y desde el primer momento tanto a nivel psicoemocional como físico se vio que podía ser compatible con un caso de abuso sexual infantil, así que lo que hicieron fue poner en conocimiento lo que habían visto al fiscal y al juez de guardia», expone esta abogada.

Cuando el padre se enteró, denunció a los pediatras ante el Colegio de Médicos «por prácticas abusivas en la toma de muestras de la niña», «por una necesidad de exploración de la menor que no existía» y por no haber sido avisado. «No se avisó al padre por un estado de necesidad para poder proteger a la niña. Y más tras los resultados obtenidos por la anamnesis (proceso de exploración consistente en hacer preguntas) realizada», señala Fernández Nevado, que insiste que en estos casos además de atender a la víctima, el médico tiene también la obligación de protegerla.

A raíz de la denuncia, además de a una cantidad de dinero importante, los sanitarios se enfrentaban a la suspensión del ejercicio durante un largo período de tiempo. Pero el Colegio de Médicos ha dado la razón a los profesionales, sin sancionarles, aunque el progenitor aún podría presentar un recurso en contra de esta resolución, agotando también la vía contenciosa administrativa.

Fernández Nevado coincide en que estas denuncias son cada vez más habituales. «Lo que vemos es que el presunto infractor arremete cada vez más contra los profesionales, quedando estos con una sensación de total indefensión tras el ejercicio de su deber profesional, deontológico y como ciudadanos responsables».