La Comisión acepta que las empresas europeas descuenten emisiones por proyectos en el extranjero

Para protegerse de este debate, el ejecutivo comunitario atribuye las recomendaciones aprobadas a sus asesores científicos. La cifra del 90%, ya la había puesto sobre la mesa hace más de un año, pero había obtenido un rechazo significativo por parte de los gobiernos, lo que ha llevado a la propuesta de otorgar un margen de maniobra sin precedentes para alcanzarlo.

Entre otras cosas, se permitirá que una parte del objetivo se alcance mediante créditos de carbono internacionales, un controvertido mecanismo que permite externalizar parte de las iniciativas climáticas del bloque a países en desarrollo.

De este modo, los gobiernos europeos podrían decidir financiar proyectos climáticos en otros países y con ello estarán autorizados a contabilizar la reducción de emisiones resultante en sus propios objetivos en territorio europeo. En el documento que ha presentado hoy la vicepresidenta Teresa Ribera, la Comisión propone establecer límites estrictos a los créditos internacionales y someterlos a una rigurosa evaluación de impacto para estar seguros de que generen reducciones significativas de emisiones. En todo caso, el uso de este mecanismo no puede intervenir en más de 3 puntos porcentuales del objetivo de reducción de emisiones, que es una de las líneas rojas que planteó Alemania.

El Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, entiende que «al planeta no le importa de dónde extraemos las emisiones del aire» y ha justificado esta medida diciendo que los países en desarrollo en Hispanoamérica o África están esperando poder acceder a la financiación europea para actividades como la restauración forestal a través de proyectos de créditos de carbono.

Hasta ahora, los objetivos climáticos para 2030 y 2050 solo incluyen medidas nacionales y excluyen explícitamente los créditos internacionales del mercado de la UE para evitar la distorsión de precios y centrar los incentivos para la reducción de emisiones en Europa.

La propuesta también permitirá integrar las absorciones de CO2 en el mercado de carbono, lo que podría servir además para reducir la presión sobre las industrias de alto consumo energético. La Comisión ha dado su luz verde hoy a esta proposición legislativa, que aún ha de ser aprobada tanto por el Parlamento como por los distintos países en el Consejo.

El ejecutivo comunitario asegura que esta enmienda «está en consonancia con la Brújula de Competitividad de la UE, el Pacto Industrial Limpio y el Plan de Acción para una Energía Asequible» y además en estos momentos de incertidumbre internacional «tiene plenamente en cuenta el panorama económico, de seguridad y geopolítico actual y ofrece a inversores y empresas la previsibilidad y la estabilidad que necesitan en la transición energética».

Según la Comisión, esta política «impulsará la inversión en innovación, creará más empleo y crecimiento, aumentará nuestra resiliencia ante los impactos del cambio climático y alcanzará una mayor independencia energética».

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cree que «a medida que los ciudadanos europeos sienten cada vez más el impacto del cambio climático, esperan que Europa actúe. La industria y los inversores esperan que definamos una dirección predecible. Hoy demostramos que mantenemos nuestro firme compromiso de descarbonizar la economía europea para 2050. El objetivo es claro, el camino es pragmático y realista».