Ribera luchó para suavizar el veto europeo a la compra de gas ruso a partir de 2027

Meses después, la también exvicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a dar la de arena. Así, según ha podido saber ABC de fuentes de la Comisión, tras luchar de forma conjunta con sus socios europeos por el veto definitivo a la importación del gas ruso tras la invasión de Ucrania, Ribera, lleva las últimas semanas argumentando sobre la necesidad de darle una vuelta a la fecha a partir de la cual se romperán de forma definitiva los contratos de compra a largo plazo de gas con el país liderado por Vladímir Putin, que tenía como principal objetivo suprimir una fuente de ingresos vital para el esfuerzo bélico del Kremlin en Ucrania.

Ahora Ribera pues, que como ministra de Transición Ecológica en España solicitó en numerosas ocasiones públicamente a las comercializadoras españolas como Repsol y Naturgy, que dejaran de comprar gas a Rusia, defiende que el veto no sea tan drástico.

Las fuentes explican que la exministra española durante diferentes reuniones del grupo de trabajo que se encarga de asuntos energéticos en Europa, ha reiterado que no se pudo hacer una buena evaluación a futuro cuando se tomó la decisión de vetar la compra de gas ruso y que, de seguir igual a partir de 2027 de forma definitiva, los países europeos pueden correr el riesgo de ver cómo sus empresas que incumplan contratos sean demandadas por el Estado ruso y puedan verse obligadas a pagar millonarias indemnizaciones.

La exvicepresidenta de Sánchez incluso llegó a proponer en diferentes ocasiones a sus compañeros europeos –según publicó el periódico belga 'Político' citando cinco funcionarios con conocimiento de las conversaciones a puerta cerrada– incluir medidas más flexibles en el nuevo reglamento de la Comisión que confirma el veto, ante el temor de que varios países miembros, entre ellos España, se vieran seriamente afectados por los planes europeos.

Añaden las fuentes que los reiterados mensajes de Ribera de cierta 'laxitud' en la decisión de cortar definitivamente el grifo al gas ruso, llegaron hasta el pasado martes, cuando la Comisión Europea, en la figura del comisario de Energía, Dan Jorgensen, según publicó este periódico, defendía la base legal del veto total a dichas importaciones.

Ribera entonces, se posicionó para que la nueva propuesta legislativa fuera más suave, con la preocupación de fondo, según las fuentes comunitarias, por algunas de las compañías europeas afectadas, como es el caso de las españolas Naturgy o Repsol, con contratos a largo plazo con empresas de Moscú hasta 2038, y que de seguir la ley tal y como estaba hasta hoy, se verían forzadas a romperlos el próximo 1 de enero de 2028.

De hecho, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, que ha advertido en varias ocasiones que esos contratos no se pueden romper unilateralmente porque acarrearía la judicialización de los mismos, siempre se ha esforzado en aclarar que la compañía española compra únicamente el gas que está estipulado en ese contrato, firmado antes de que Rusia invadiera Ucrania. Una situación que se repite en líneas generales con Repsol, que también firmó el contrato de suministro de gas con Novatek antes de la invasión rusa.

Desde el entorno europeo de Ribera aseguran que como vicepresidenta ejecutiva su papel es opinar sobre los borradores de los comisionados que trabajaban bajo su mando, como lo es Jorgensen.

Ahora bien, el texto final de la propuesta de Jorgensen incluyó una cláusula inesperada que ha dejado la puerta abierta para un eventual retorno al gas ruso bajo estrictas condiciones. El texto prevé una eliminación progresiva del gas por gasoducto y del gas natural licuado (GNL) procedentes o exportados directa o indirectamente de la Federación Rusa.

Los nuevos planes pasan por comenzar a prohibir los nuevos contratos a partir del 1 de enero de 2026, mientras que las importaciones en virtud de contratos a corto plazo existentes cesarán el 17 de junio de 2026, excepto las de gas por gasoducto suministrado a países sin litoral y vinculadas a contratos a largo plazo, que se permitirán hasta finales de 2027. También se prohibirán los contratos a largo plazo de servicios de terminal de GNL para clientes de Rusia o controlados por empresas rusas.

No obstante, en virtud de la nueva 'letra pequeña' del reglamento Bruselas contempla también la posibilidad de activar salvaguardas para hacer frente a acontecimientos «repentinos y significativos» en el mercado del gas que amenacen «gravemente» la seguridad de abastecimiento de uno o varios Estados miembro, una preocupación que han esgrimido países como Eslovaquia, Austria o Hungría, países de la UE históricamente más favorables a Moscú.

En cualquier caso, en estas circunstancias excepcionales, la Comisión podrá adoptar las medidas de emergencia necesarias y autorizar a uno o varios gobiernos a no aplicar las prohibiciones de importación relativas al gas natural o a las importaciones de GNL.