Los padres de alumnos con discapacidad advierten de que el Gobierno usa el estado de alarma para eliminar los centros de educación especial

Josefina G. Stegmann

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27/04/2020
Actualizado 28/04/2020 a las 10:02h.

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La Plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También , formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes se ha unido a las voces que denuncian que el Gobierno está aprovechando el estado de alarma para continuar la tramitación de la LOMLOE, más conocida como «Ley Celaá» sin debate ni la posibilidad de pronunciarse en contra de una ley de este calado.

«Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual , familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido», señala la plataforma a través de un comunicado.

Tal como publicó ABC el pasado viernes , tras el breve lapso de suspensión parlamentaria, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y UP, fijó en el viernes pasado la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley educativo. El primer plazo se había fijado para el 31 de marzo y fue pospuesto por el cierre del Congreso. Por cortesía parlamentaria, cuando un grupo pide una prórroga al plazo de enmiendas, se suele conceder hasta tres veces. Sin embargo, pese a las peticiones de PP, Cs y Vox, no se accedió a la ampliación (los tres partidos, sin embargo, presentaron sus respectivas enmiendas en el plazo establecido). También está fijada la fecha tope para presentar enmiendas parciales al articulado: mañana, solo cinco días después del plazo de las enmiendas a la totalidad. Este plazo podría ser ampliado si PSOE y UP acceden a su prórroga.

Pero la reclamación de la plataforma viene, concretamente, por la polémica disposición adicional cuarta del texto que alude, de forma ambigua, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años , puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos « de atención muy especializada », es decir, alumnos con muy graves discapacidades.

En el comunicado, la plataforma señala además que durante las semanas anteriores al estado de alarma le pidieron a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo , la eliminación de la mencionada disposición del proyecto de ley. «Si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no querían cerrar los colegios de Educación Especial, como venían manifestando públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la disposición adicional cuarta».