Las familias temen el cierre de los centros de educación especial

Este centro de educación especializada de Madrid muestra solo un día de su trabajo dedicado a sus 90 alumnos con distintas discapacidades intelectuales. Allí pueden entrar con 6 años (aunque hay centros de este tipo que también tienen infantil) y salen con 21. «A partir de los 21 la vida académica de estos chavales se acaba, eso sí que es segregar» , lamenta Javier Pérez, padre de una niña con discapacidad que estudia en Los Álamos.

La directora, profesores y padres de este centro de Vallecas y de otros similares repartidos por todo el país (477 en total) muestran su preocupación (y por eso saldrán a la calle el próximo sábado en Valladolid) por las diferentes señales que ha dado el Gobierno en dirección a la reducción de estos tipos de centros bajo el argumento de una educación más inclusiva.

La ministra de Educación, Isabel Celaá dijo en el Senado el pasado mes de noviembre que tenía intención de que los centros de educación especial se conviertan en «centros de apoyo a la inclusión que brinden asesoramiento y ayuda para que los alumnos de estos centros puedan incorporarse progresivamente a los ordinarios». «Convertirlos estos colegios en centros de recursos es una salida airosa y en la práctica es una manera de cerrarlos », critica Luis Rojo, padre de Lucas, un niño de 4 años con síndrome de Down. Si alguien ha dicho que este Gobierno va a cerrar los centros de educación especial que lo retire porque eso no lo ha dicho nadie», aseguró Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación el pasado 30 de enero.

En cualquier caso, los padres siguen preocupados. Rojo, miembro de la plataforma «Educación Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN» aseguró que algunos de sus miembros se reunieron con Celaá el pasado 29 de enero y aseguran que ésta les confirmó su decisión de reducir el porcentaje de niños de los centros especializados. ABC preguntó por esta cuestión concreta al ministerio y ha declinado responder .

Actualmente, en nuestro país, según los últimos datos de Educación, de los 217.275 alumnos con discapacidad o un trastorno grave matriculados en el curso 2016-17, hay 35.850 (16,5% del total) en centros específicos , mientras que el resto, es decir, 181.425 (83,5%) están en centros ordinarios. «Esto no es una cuestión de porcentajes, cada niño debe ser tratado como un caso particular. Hay casos en los que los padres quieren que estén en ordinarios y otros en los que no. Abogamos por el bien de nuestros hijos, ¿cómo se me puede decir a mí como padre que no quiero lo mejor para mi hijo?», critica Rojo.

«Nos oponemos a cualquier intento del Gobierno de limitar la elección de los padres en relación al centro en el que tienen que educar a los hijos y eso incluye, centros ordinarios y especializados. La inclusión se persigue en ambos y los que tienen que elegir son los padres, no el Estado», criticó Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso. «Es un despropósito que no se cuente con el apoyo de las familias. Apostamos por un modelo mixto para garantizar una educación inclusiva», señaló Marta Martín, portavoz de Educación de Cs en el Congreso.

El problema no es solo en las primeras etapas educativas. «A medida que crecen, los intereses de los niños con y sin discapacidad van cambiando, juegan a otros juegos, a veces no los invitan a los cumpleaños y al llegar aquí nos dicen que este es su sitio , que han dejado de ser invisibles, que por fin tienen un grupo de Whatsapp», cuenta Noelia Gallardo, directora del centro Los Álamos. «Vengo de un colegio ordinario y lo pasé mal, me hacían bullying, me echaban una espuma que simulaba vómito; aquí encontré a mi grupo», confiesa Alberto, de 16 años.

Los planes del Gobierno han ido al papel (aunque mojado). El proyecto de ley educativo aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que no verá luz por las elecciones de abril, alude, en un texto ambiguo, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los otros centros se quedarían solo para casos «de atención muy especializada» . «Al ser tan ambigua la ley, las comunidades, al aplicarla, pueden interpretar que la eliminación de estos centros es una opción», apunta Rojo.

La intención de reducir los centros no es solo del Gobierno. El propio comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) presentó una enmienda a la ley educativa (cuando todavía era anteproyecto) pidiendo que los centros de educación especial se conviertan en centros de recursos de apoyo a la inclusión y que, para 2025, «todas las estructuras y dispositivos del sistema educativo sean inclusivos no admitiéndose para esa fecha modalidades, regímenes, recursos o apoyos educativos que no se atengan al principio de inclusión».

Las peticiones del Cermi vienen amparadas por un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 31 de agosto de 2017 que concluyó que en España se «viola» y se deniega de forma «deliberada» por parte del Estado la igualdad de derechos para las personas con discapacidad dejándolas fuera del sistema general. España respondió que consideraba inadmisibles e inaceptables las acusaciones aunque deja claro en sus alegaciones que el camino de nuestro país se dirige a «favorecer la escolarización en centros ordinarios.