Inés, la niña de 11 años expulsada de un campamento - ABC

La madre de la niña que expulsaron de un campamento sopesa denunciar

Considera que la empresa ha demostrado un «evidente caso de bullying» por el que están sopesando formalizar una denuncia

MadridActualizado:

El pasado sábado, Inés, una niña de once años con necesidades especiales, fue expulsada del campamento Inglesa Kids Aldeaduero (Salamanca). Todo ha ocurrido por las quejas de las madres de las que eran compañeras de habitación de la menor. Carolina Gómez, la madre de Inés, ha indicado en una carta a la que ha tenido acceso ABC que el campamento ha demostrado un claro favoritismo hacia otras madres y un «evidente caso de bullying» por el que están sopesando formalizar una denuncia.

Inés es una niña con un 33% de discapacidad y un retraso madurativo de dos años. Ya había acudido a otros campamentos y no había ocurrido nada parecido, por lo que sus padres decidieron llevarla a un campamento en el que solo se habla inglés para que perfeccionara el idioma. Los progenitores habían informado a los organizadores de cómo es Inés y cuáles son capacidades y no hubo impedimento alguno para su incorporación.

Gómez pidió al campamento que «bajo ningún concepto informase de antemano al resto de niñas de las características de Inés porque la iban a etiquetar de entrada», explicó. Después de que la coordinadora informara a las menores que compartían habitación con Inés de su discapacidad, las niñas llamaron a sus padres para protestar.

La empresa responsable del campamento ha negado haber expulsado a la niña

La presión provocó que el campamento ofreciera poner en una habitación diferente a Inés para dormir con una monitora. El día siguiente llamaron a la madre para decirle que consideraban que la menor tenía que irse. Dos días después de la expulsión, Inés continuaba llorando lamentándose por lo sucedido. «Decía que la culpa era suya porque no conseguía ser normal», señaló su madre.

La empresa Diverbo, responsable del campamento, niega haber echado a Inés. «Diverbo no ha discriminado ni expulsado a la niña que ha dejado nuestro campamento. Esta decisión ha correspondido a su familia. Lamentamos la situación que se ha producido con la familia y, sobre todo, lamentamos profundamente el malestar que haya podido ocasionar en la niña», han declarado en un comunicado. Aun así, aseguraron que pondrán en marcha un proceso de consulta con los monitores y profesores para «identificar ámbitos de mejora».

Delito de odio

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció este martes el caso ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid. La Coordinadora del Tercer Sector también considera que «la Comunidad de Madrid debería iniciar actuaciones ante un potencial delito de odio».

Tras el suceso, muchos campamentos españoles han abierto sus puertas a Inés. La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón también ha mostrado su solidaridad con la familia y ha ofrecido una plaza en un campamento de la localidad madrileña.

Inspección en el campamento

La Junta de Castilla y León llevó a cabo desde esta tarde una inspección en el campamento para «verificar el cumplimiento de los requisitos para la celebración del campamento».

Según informaron fuentes de la Junta de Castilla y León a Ical, la presencia de un inspector del Gobierno regional esta tarde en el campamento se debe a una «actuación de oficio» que no tiene encomendado «evaluar ese supuesto comportamiento con la niña», sino verificar que el campamento «cumple la ley regional para este tipo de instalaciones».

No obstante, los requisitos incluyen la necesidad de contar con «un monitor especializado para el cuidado de personas con necesidades especiales», por lo que el inspector comprobará si la empresa cuenta con un monitor para «cada tres niños» con este tipo de necesidades o con al menos uno si el número de menores con discapacidad es menor de tres.

En cualquier caso, y como reiteran desde el Gobierno regional, no entrarán a dirimir el comportamiento de la empresa encargada del campamento con la niña, sino que valorarán si dicha empresa «cumple la legislación de Castilla y León en materia de tiempo libre» y, en caso de no hacerlo, «se abrirá un expediente a partir del que se dirimirá si se está cometiendo una infracción leve, grave o muy grave, así como las sanciones».