El Gobierno permitió el 8-M en Madrid con una previsión de solo 1.500 asistentes

La estimación de asistencia figura en los cálculos que la Delegación del Gobierno en Madrid entregó al Ministerio de Política Territorial, del que dependen estos organismos desplegados por todas las autonomías, y facilitados a ABC a través de los mecanismos de Transparencia. Estos documentos clarifican, además de dicho cálculo, otros detalles como la fecha en la que se comunicó el evento o la fecha de celebración. Sorprende que la institución encabezada por el socialista José Manuel Franco no pusiera pegas a dicha estimación, especialmente tras los precedentes de años anteriores: en 2019 hubo 375.000 personas y en 2018, 170.000 , según datos oficiales. También choca al comparar con los pronósticos de otras grandes capitales, como Sevilla o Zaragoza, que tenían previstas protestas de 60.000 y 5.000 personas, respectivamente. Al final, el Gobierno reseñó 120.000 asistentes este año en Madrid.

El evento a favor de los derechos de las mujeres fue comunicado a la Delegación madrileña el día 25 de febrero, cumpliendo el requisito de advertirla al menos diez días antes de que se llevara a cabo. En aquel momento, la pandemia había dejado rastro de su letalidad en China y comenzaba a complicar seriamente la situación en Italia. No obstante, es cierto que en España no había tenido todavía una incidencia demasiado importante. En el informe que el Ministerio de Sanidad ofreció el 26 de febrero, el coronavirus se había cobrado 2.715 vidas en China, 11 en Italia y ninguna en España, aunque ya se tenía constancia de 10 casos. La perspectiva del tiempo invita a pensar que, aunque sólo había 10 infecciones detectadas, el virus ya tenía una gran presencia, pero no se percibió su magnitud real debido a la escasa capacidad de detección que los mecanismo de Sanidad podían ofrecer en aquellos momentos.

Salvo casos extraordinarios, las delegaciones del Gobierno suelen dar luz verde a la mayoría de manifestaciones. Sin embargo, la ley estipula deben ser informadas de la celebración de estos eventos mismas por escrito y con un mínimo de diez días de antelación. Así lo hizo la Comisión 8M de Madrid, organizadora de esta protesta en la capital y entidad con estrechos vínculos con el 15-M, movimiento que alumbró a Podemos, ahora con presencia en el Gobierno y al frente del Ministerio de Igualdad. La Comisión tuvo que remitir una solicitud a la delegación que dirige Franco en la que se incluyeron, entre otros datos, las señas de los organizadores, la fecha de la protesta y su itinerario y la previsión de asistentes. También estaban obligadas a especificar las medidas de seguridad previstas por los convocantes. Este diario se ha puesto en contacto sin encontrar respuesta con la Coordinadora 8M, que aglutina a las comisiones regionales de este movimiento, para recabar el porqué de una estimación tan reducida, especialmente después de que hubiera precedentes multitudinarios en años anteriores.

En el mes previo a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Gobierno consintió que en Madrid, además de la del 8-M, se celebraran otras 26 manifestaciones. Siete de ellas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en toda la región. Desconcierta, al comparar los datos, que la coordinadora feminista avanzara una asistencia de 3.000 personas en el municipio madrileño de Getafe, mientras que en la capital, en un acto mucho mayor, únicamente se pronosticaran 1.500.

El resto de convocatorias feministas presentan una similitud. Las previsiones de asistencia son bastante bajas, especialmente al compararlas con los registros de años precedentes o con las estimaciones realizadas por las autoridades una vez concluidas las marchas. En Arganda del Rey, Parla o Tres Cantos, localidades que en todos los casos superan los 40.000 habitantes, tampoco se informó a la Delegación de asistencias amplias: pronosticaron 200, 200 y 300 asistentes esperados, respectivamente.

Al margen de las protestas feministas, en los 30 días previos al decreto del estado de alarma, autorizado en el momento en el que el sistema sanitario estaba colapsado y, como ha publicado este diario, con informes en manos de Sanidad que alertaban del peligro de la pandemia, se desarrollaron concentraciones y marchas de todo tipo en la capital. Protestas laborales, otras organizadas por aficionados del Rayo Vallecano, para fomentar la adopción de animales, en favor de los derechos de minorías étnicas e incluso contrarias al pin parental. En total, 27 protestas celebradas entre el 20 de febrero y el 13 de marzo que, según las previsiones de la Delegación del Gobierno, iban a reunir a 21.940 personas. Sorprende esta cifra tan rebajada, descafeinada principalmente por las previsiones a la baja de los organizadores de las protestas feministas.

Como curiosidad, destaca que los aficionados del Rayo Vallecano previeron un seguimiento de 1.000 personas a su iniciativa, o que los convocantes de la manifestación contra el pin parental estimaron la asistencia de 10.000 personas a su evento, por las 1.500 que reseñaron los colectivos feministas para la gran manifestación del 8 de marzo.