La juez del 8-M pide a Madrid que informe sobre los eventos que autorizó antes del estado de alarma

En una providencia fechada el 9 de junio y notificada este jueves, la juez, que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco , prevaricó al consentir manifestaciones masivas como la del Día de la Mujer, da por interpuesto el recurso de reforma que presentó en su defensa la Abogacía del Estado y acepta practicar esta nueva diligencia dirigida a las instituciones de la región.

En concreto, encomienda a la Guardia Civil que recabe del Ayuntamiento y la Comunidad información sobre los eventos «deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros» que tuvieran lugar entre el 5 y el 9 de marzo «con indicación de la fecha y aforo o número de asistentes».

Asimismo, ordena que ambas instituciones informen sobre «si algún evento que corresponda a alguna de las categorías indicadas programado entre los días 5 y 14 de marzo fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el Covid-19 y en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo».

La juez lleva instruyendo este asunto desde que el 23 de marzo admitió a trámite la denuncia de un particular contra José Manuel Franco por prevaricación. En este tiempo, ha recabado informes de la Guardia Civil y el forense adscrito al juzgado para intentar dilucidar si el delegado del Gobierno deliberadamente actuó o dejó de actuar a fin de que pudiera celebrarse la gran marcha feminista.

Tras recabar esa documental, la juez ha escuchado la versión del propio Franco, al que interrogó este miércoles en calidad de investigado y que defendió la legalidad y el acomodo a las prescripciones de los expertos sanitarios en todo el obrar durante los primeros quince días de marzo.

Asimismo, recibió en calidad de testigos a tres de sus subordinados en la institución que respaldaron la tesis de que hasta el 9 o 10 de marzo, cuando se dispararon los contagios, no hubo un verdadero conocimiento de peligro de las concentraciones públicas , pese a que la sección de prevención de riesgos laborales ya había hecho circular unas directrices que incluían la distancia social como medida de prevención.

A lo largo de este jueves, la instructora escuchará a otros 15 testigos entre trabajadores de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones que teniendo autorización para celebrarlas, recibieron una llamada de la institución para disuadirles de llevarlas adelante por los riesgos sanitarios.

Con toda esta información sobre la mesa, y habiendo ya dos recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid pidiendo el archivo de actuaciones, decidirá si sigue adelante acordando más diligencias o cierra este asunto.