Las entidades cívicas de Baleares que se oponen al «pancatalanismo»

En relación al nacimiento de dichas entidades, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa , explica a ABC que le parece «muy respetable» ese asociacionismo. Por lo que respecta a las críticas al actual Gobierno regional por su política lingüística, Costa señala que «desde que en 1986 se aprobó la Ley de Normalización Lingüística, con un Ejecutivo del PP, casi siempre ha habido consenso entre todos los partidos en esta materia». En ese sentido, considera que sería un «error» que «se intentase crear ahora polémica» con el catalán. «Tener una lengua propia es una riqueza», recalca Costa. Aun así, reconoce que iniciativas como el decreto del catalán en la sanidad han generado controversia.

En ese contexto nació, a finales del pasado año, Mos Movem , asociación impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró. « Nos oponemos a la imposición lingüística en todos los ámbitos», señala Mascaró, quien ve «muy positivo» que haya hoy diversas entidades cívicas en Baleares. « Cuantas más seamos, mejor , porque así llegaremos a más gente», añade. Mos Movem se dio a conocer inicialmente por su oposición al decreto del catalán en la sanidad pública. Cabe recordar, en ese sentido, la marcha celebrada en Palma el pasado 18 de febrero, en la que algo más de 2.500 personas se manifestaron bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».

El decreto que regula el conocimiento de catalán que se ha de tener en la sanidad pública isleña fue aprobado el pasado 23 de marzo por Armengol, que gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. La nueva norma , en su versión definitiva, no exige finalmente el catalán a los profesionales sanitarios que deseen presentarse ahora a las futuras oposiciones. Así, la preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en un plazo máximo de dos años una vez lograda la plaza. Sin embargo, quienes no consigan dicha titulación en ese plazo serán penalizados laboralmente, pues no podrán participar en traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

Mos Movem considera insuficiente la citada flexibilización lingüística , razón por la que hace dos semanas presentó ante la Justicia un recurso contra la nueva norma autonómica. Cabe recordar que el decreto del catalán en la sanidad deriva de la Ley de Función Pública, que fue aprobada en 2007 por el popular Jaume Matas. En la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico, dicha ley fue modificada, en el sentido de que el catalán pasó a ser un mérito en lugar de un requisito para poder ser funcionario. Ahora, con Armengol, se ha vuelto al texto originario de la Ley de Función Pública y, por tanto, a la exigencia de la lengua cooficial en la Administración.

La antigua portavoz de Mos Movem en Mallorca, Manuela Cañadas , preside en la actualidad Convivencia Balear, entidad nacida el pasado mes de mayo. «El enemigo común es el pancatalanismo» , recalca Cañadas, para añadir: «Se está produciendo una colonización a cámara lenta, vinculada a la supuesta existencia de los ficticios Países Catalanes». Cañadas lamenta, en ese sentido, la pérdida de «la identidad balear». La entidad que dirige quiere, por ejemplo, que se retire el término «catalán» del Estatuto de Autonomía y que se sustituya por el de «balear». En materia educativa, critica la «inmersión lingüística en catalán» y también las trabas «para poder estudiar en español» en los colegios.

Convivencia Balear mantiene una buena relación con PLIS, asociación conformada esencialmente por profesores . PLIS nació para desmarcarse de la denominada Asamblea de Docentes, que en 2013 llevó a cabo una huelga de tres semanas contra el trilingüismo impulsado por el entonces presidente Bauzá. «Nosotros proponemos la libre elección de lengua en todas las etapas escolares , el distrito escolar único y la devolución al Estado de las competencias en educación», explica el portavoz de PLIS, Carlos Serra . Esta entidad se muestra contraria a «la imposición de cualquier modelo lingüístico», si bien está a favor de la inmersión o del trilingüismo «si es de manera voluntaria, no por decreto».

En la actual legislatura ha vuelto a estar vigente en Baleares el llamado Decreto de Mínimos , aprobado en 1997 por Matas. Dicho decreto establecía que la lengua vehicular en los colegios públicos y concertados sería el catalán, y obligaba a impartir en lengua catalana al menos el 50 por cien de las clases, sin que estuviera estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua. Ello acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística. El decreto de Matas sólo dejó de estar vigente en la pasada legislatura, cuando Bauzá empezó a aplicar el denominado Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), pero ahora el Decreto de Mínimos ha sido retomado por Armengol.

Otra entidad de reciente creación es Sociedad Cívica Balear , nacida a finales del pasado año. «Somos un movimiento transversal, que defiende nuestra lengua, cultura e identidad», dice su presidente, Cosme Bernat Brull. «Queremos que se conserven nuestras costumbres y nuestras tradiciones isleñas», destaca, al mismo tiempo que recuerda que su entidad también defiende «la unidad de España». En ese contexto, Sociedad Cívica Balear ha convocado para este sábado, 9 de junio , una concentración en Palma bajo el lema «Movilízate, por la libertad y la unidad de España. Elecciones generales ya», con el apoyo de Convivencia Balear, Valores en Baleares y Grupo de Acción Balear.

El presidente de Grupo de Acción Balear , Toni Ballester , explica que la entidad que dirige nació en 2011. « Abogamos por un bilingüismo puro, sin imposiciones , en el que coexistan el balear y el castellano», indica. Ballester señala que consideran que el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense son dialectos del balear. Además, recalca que el catalán y el balear serían dos lenguas distintas. «El mallorquín y el menorquín contaban ya con una gramática propia en el siglo XIX», recuerda. Por último, diferencia también entre la cultura balear y la catalana, que considera distintas.

Al hablar de entidades cívicas, resulta insoslayable referirse a la que fue pionera en el Archipiélago: Círculo Balear . Su origen se sitúa en 1999, de la mano de Jorge Campos. Esta entidad se disolvió en 2017, para dar paso al nuevo partido político Actúa Baleares, presidido también por Campos. «Después de 18 años, nos dimos cuenta de que sólo desde la sociedad civil no se pueden cambiar las cosas y que es necesario formar parte de las instituciones», argumenta Campos, quien se muestra crítico con el PP y con Cs. « Recogían nuestras propuestas en sus programas, pero luego hemos visto que no las aplicaban », lamenta. Con respecto a las nuevas asociaciones que están surgiendo en las Islas, afirma con orgullo que «es una satisfacción que hayan recogido nuestro testigo».

Una de las entidades de más reciente creación, Sociedad Civil Balear , fue presentada de manera oficial la pasada semana . Presidida por Tomeu Berga, es una asociación «hermana» de Sociedad Civil Catalana. «Huimos de cualquier personalismo, somos un grupo muy amplio, de carácter trasversal», explica el vicepresidente de Sociedad Civil Balear, Álvaro Delgado. «En nuestra entidad pueden tener cabida personas de todas las ideologías, incluso del nacionalismo moderado, siempre que sea en el marco del respeto a la Constitución y al Estatuto», añade. En esa misma línea se sitúa la Fundación Jaume III, que en la actualidad dirige Joan Pons. Todas las entidades citadas coinciden en lo esencial, que es su rechazo al «pancatalanismo» cultural y político. Sólo el tiempo dirá si finalmente acabarán confluyendo también en un solo movimiento cívico.