Mos Movem pide a Sánchez que desaparezcan las «imposiciones» lingüísticas en la Administración

La segunda petición es que en las comunidades bilingües la Administración Pública emplee las dos lenguas cooficiales, «sin que ninguna de ellas prevalezca sobre la otra ». Mos Movem también solicita a Sánchez que «se respete el derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua que les parezca, sin que puedan ser discriminados por no emplear la otra lengua cooficial». Por último, se le pide al presidente que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en cualquiera de las lenguas cooficiales , «sin que sean discriminados por no emplear alguna de ellas».

En el inicio del escrito, Mos Movem basa sus propuestas a Sánchez en lo establecido en varios artículos de la Constitución. «Le solicitamos que tenga a bien dar curso a nuestras justas peticiones dirigidas únicamente para defender la libertad e igualdad de todos los españoles», añade la carta, para concluir: «Le deseamos todo tipo de éxitos en el desempeño de su reciente Presidencia y ya sabe que cuenta con nosotros para todo lo que necesite».

La carta de Mos Movem empieza señalando que «la imposición del catalán en la sanidad ha provocado que al menos 25 médicos hayan abandonado esta Comunidad , principalmente en Menorca e Ibiza, médicos que no han podido ser sustituidos, pues a la tradicional dificultad para conseguir profesionales se suma dicho requisito lingüístico. Esta situación menoscaba la calidad asistencial». Mos Movem también defiende en su escrito el «bilingüismo» y la «modalidad del catalán que se habla en Baleares frente a la modalidad importada desde Cataluña, que es el catalán peninsular, modalidad que es la que se impone, despreciando las grandes diferencias que hay entre la lengua de Baleares y la de Cataluña».

Cabe recordar que el decreto que regula el conocimiento de catalán que se ha de tener hoy en la sanidad pública isleña fue aprobado el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, que gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. La nueva norma, en su versión definitiva, no exige finalmente el catalán a los profesionales sanitarios que deseen presentarse ahora a las futuras oposiciones . De hecho, la preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en un plazo máximo de dos años una vez lograda la plaza. Sin embargo, quienes no consigan dicha titulación en ese plazo serán penalizados laboralmente, pues no podrán participar en traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

El nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente por la Consejería de Salud para médicos, enfermeros y técnicos es el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores es el A2 o básico, lo que representa rebajar en un nivel las exigencias que inicialmente tenía previsto fijar el Govern para todos los profesionales sanitarios.

Inicialmente, en agosto del pasado año, la Consejería de Salud había dictado una resolución oficial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. Sin embargo, el rechazo de MÉS a esa resolución provocó que Armengol decidiera entonces dar marcha atrás y que ecosoberanistas y socialistas elaborasen un primer borrador de decreto en el que el catalán pasaba a ser una exigencia en la sanidad pública. La gran oposición sindical y social a ese primer borrador motivó que dicho texto fuera desestimado a principios de este año y que, como se ha señalado ya, finalmente se aprobase un texto más flexible a nivel de requisitos lingüísticos.

Esa flexibilización motivó, por ejemplo, que en la Mesa Sectorial de Sanidad la versión definitiva del decreto contase con un apoyo sindical del 65 por cien. Aun así, la actual rebaja lingüística en la sanidad es considerada insuficiente no sólo por parte de Mos Movem, sino también por parte del PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), CSIF o las nuevas entidades Convivencia Balear y Sociedad Civil Balear.

Cabe recordar, además, que la pasada semana se presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra la nueva norma lingüística. El primero fue presentado por Mos Movem y el segundo por la Delegación del Gobierno. El Govern, por su parte, niega que haya un «éxodo» masivo de médicos y afirma que siempre priorizará «la asistencia sanitaria sobre cualquier otro criterio».