«Me fui de Baleares porque el decreto del catalán ha sido la gota que ha colmado el vaso para los médicos»

Los médicos que anunciaron públicamente que se iban a otras comunidades a trabajar, no sólo se fueron por el decreto, como reconocieron ellos mismos, aunque ese factor fue relevante o incluso determinante en la mayoría de los casos. «El decreto ha sido la gota que ha colmado el vaso», explica a ABC el médico de Atención Primaria Juanma Rodríguez, que se marchó de Mallorca el pasado mes de abril. En la actualidad está trabajando en Málaga. Nacido en Jaen hace 33 años, Rodríguez vino a Baleares hace cuatro años. Trabajó primero tres años en Ibiza, y luego uno en Palma de Mallorca. «Me fui por tres motivos, para poder estar más cerca de la familia, por el coste de los alquileres y por el decreto del catalán», recalca.

Cabe recordar que el decreto que regula el conocimiento de catalán que se ha de tener hoy en la sanidad pública isleña fue aprobado el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, que gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. La nueva norma, en su versión definitiva, no exige finalmente el catalán a los profesionales sanitarios que deseen presentarse ahora a las futuras oposiciones. De hecho, la preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en un plazo máximo de dos años una vez lograda la plaza. Sin embargo, quienes no consigan dicha titulación en ese plazo serán penalizados laboralmente, pues no podrán participar en traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

«El decreto no me parece bien, lo considero anticonstitucional, ilegal y discriminatorio, al dar lugar de manera implícita a trabajadores de primera y de segunda», denuncia el doctor Rodríguez, quien además lamenta que la mayor parte de las comunicaciones internas se redacten hoy ya sólo en catalán. «No dan ninguna facilidad a los castellanohablantes», critica. A nivel estrictamente personal, reconoce, en cambio, que se ha ido con buenos recuerdos de su estancia en las Islas. Así, explica que se sentía bien en Baleares, que había hecho amigos y que se consideraba integrado. «El sueldo incluso era algo mejor que en Andalucía», indica.

Amante de los idiomas, este profesional de Atención Primaria no sólo tiene buenos conocimientos de inglés, sino también de la lengua cooficial de Baleares. De hecho, podría haberse presentado ahora a las oposiciones incluso aunque el Govern hubiera decidido en último término mantener como requisito previo el catalán. «En Ibiza me presenté a los exámenes del nivel A2 —básico— y del nivel B1 —elemental— y los aprobé» , recuerda. Ya en Palma, consiguió el nivel B2 —intermedio— al primer intento.

El nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente por la Consejería de Salud para médicos, enfermeros y técnicos es el B1, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores es el A2, lo que representa rebajar en un nivel las exigencias que inicialmente tenía previsto fijar el Govern para todos los profesionales sanitarios. Aun así, por las razones ya señaladas, el doctor Rodríguez decidió irse. «Por desgracia, me temo que se seguirán marchando más médicos de Baleares por el catalán», concluye.

El delegado del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en Ibiza y Formentera, Carlos Rodríguez, se muestra también crítico con el decreto del catalán, si bien reconoce igualmente que la marcha de profesionales no ha sido debida sólo al decreto. Este doctor trabajó 22 años en el Hospital de Can Misses, en la capital ibicenca, y ahora sigue trabajando aún en la isla. «En la mayoría de los casos los médicos se han ido por una suma de cosas, por el precio de los alquileres, por la insularidad, por factores personales o por la incertidumbre sobre cuál sería finalmente el contenido del decreto» , recalca a este diario.

Inicialmente, en agosto del pasado año, la Consejería de Salud había dictado una resolución oficial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. Sin embargo, el rechazo de MÉS a esa resolución provocó que Armengol decidiera entonces dar marcha atrás y que ecosoberanistas y socialistas elaborasen un primer borrador de decreto en el que el catalán pasaba a ser una exigencia en la sanidad pública. La gran oposición sindical y social a ese primer borrador motivó que dicho texto fuera desestimado a principios de este año y que, como se ha señalado ya, finalmente se aprobase un texto más flexible a nivel de requisitos lingüísticos.

Esa flexibilización motivó, por ejemplo, que en la Mesa Sectorial de Sanidad la versión definitiva del decreto contase con un apoyo sindical del 65 por cien. El primer borrador, en cambio, no había contado con ningún apoyo. «Sea como sea, el Govern siguió una estrategia equivocada al plantear la necesidad de un decreto, pues ello ha sido un factor de distorsión en la sanidad pública», denuncia el delegado de Simebal en Ibiza y Formentera, para concluir: «El decreto supone un punto más de dificultad para que los médicos foráneos deseen venir a Baleares o para evitar que quienes hoy trabajan en las Islas se vayan».

La actual rebaja lingüística en la sanidad es considerada insuficiente no sólo por parte de Simebal, sino también por parte de Mos Movem, el PP, Cs, Actúa Baleares, CSIF o las nuevas entidades Convivencia Balear y Sociedad Civil Balear. Cabe recordar, además, que la pasada semana se presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra la nueva norma lingüística. El primero fue presentado por Mos Movem y el segundo por la Delegación del Gobierno, al entender en ambos casos que no estaría asegurado ahora el derecho a la salud con la actual marcha de profesionales y por la dificultad para poder cubrir las vacantes hoy existentes.

El Govern, por su parte, respeta las críticas, pero no las comparte. «El decreto permite que cualquier sanitario pueda optar ahora a cualquier plaza , ya que en ningún caso se exige previamente el nivel de capacitación lingüística», recuerda a ABC el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, quien añade que si los citados recursos ante la Justicia prosperasen, el decreto dejaría de estar vigente y se tendría que volver a aplicar entonces lo establecido de manera genérica en la Ley de Función Pública, «que sí exige previamente los niveles de catalán para poder presentarse a oposiciones».

Por otro lado, Fuster niega que haya un «éxodo» masivo de profesionales. «En Ibiza, en lo que llevamos de año, hemos tenido cinco bajas y tan solo un facultativo ha manifestado que el motivo de su marcha fuese únicamente el lingüístico, y, por contra, hemos contratado a 21 facultativos, pese a los problemas que conlleva la insularidad», explica. «La población de nuestra Comunidad debe estar tranquila, ya que en ningún caso vamos a permitir no contar con los mejores profesionales sanitarios», recalca Fuster. «Este Govern siempre priorizará la asistencia sanitaria sobre cualquier otro criterio», concluye. En cualquier caso, el debate sobre el decreto del catalán sigue, por ahora, aún abierto.