Las entidades cívicas de Baleares denuncian ante la Unesco la «imposición» catalanista en el Archipiélago

«Somos un grupo de plataformas y asociaciones de la sociedad civil balear, que compartimos el objetivo de denunciar la vulneración de derechos y libertades debida a la imposición lingüística y el adoctrinamiento ideológico, en los ámbitos de la escuela y de la administración pública, ejercidos por el nacionalismo catalanista en Baleares», señala el citado escrito en la exposición de motivos. Asimismo, se afirma que desde hace décadas se estaría sufriendo en Baleares «el acoso separatista catalán, a través de una bien elaborada y ejecutada estrategia, convenientemente regada de recursos económicos, que pretende convertirnos en una provincia de ultramar de unos imaginarios "países catalanes" , que nunca existieron». Esa estrategia estaría basada principalmente en la uniformidad de la lengua —el catalán estándar— y su imposición, la distorsión de la Historia de España y el adoctrinamiento en la enseñanza y en la vida pública.

«La situación que vivimos afecta a varios de los temas fundamentales de la Unesco: la educación, el patrimonio cultural y la convivencia; y en consecuencia queremos ponerlo en su conocimiento», concluye la exposición de motivos. El documento enviado a Azoulay consta de 62 páginas y está dividido en tres apartados específicos: la inmersión lingüística obligatoria en una sola lengua materna, el adoctrinamiento en los centros escolares y el idioma catalán como requisito para el acceso a la función pública. El citado informe se acompaña de tres anexos con ejemplos concretos sobre los hechos denunciados, las normativas vigentes y varias sentencias judiciales que avalarían las críticas expuestas. Además, hay un cuarto anexo, en el que se ofrece información sobre las mencionadas entidades cívicas constitucionalistas.

El apartado específico centrado en la inmersión lingüística indica que en Baleares se ha dado preferencia a «la lengua propia exclusiva de otra región —el catalán estándar— en detrimento tanto del español o castellano como de las modalidades lingüísticas baleares, también llamadas lengua balear». En dicho apartado se recalca que el castellano es la lengua materna del 50 por ciento de la población isleña. Además, se señala que « el catalán estándar cercena la realidad cultural y lingüística propias y específicas de Baleares». En ese sentido, estaría vulnerándose lo establecido por la Constitución en relación a la lengua oficial de España y las cooficiales de cada comunidad autónoma. A ello habría que añadir que la situación actual para todas las familias que desean escolarizar a sus hijos en castellano es la de un «desamparo institucional absoluto».

Por lo que respecta al segundo apartado del documento presentado a la Unesco, referido al adoctrinamiento, se denuncia que en Baleares «es constante la intromisión de la ideología e intereses políticos en los centros escolares, tomando a los alumnos como destinatarios de adoctrinamiento ideológico y político». Dicho adoctrinamiento se manifestaría a través de cuatro vías, la de la inmersión lingüística obligatoria en catalán, la del material curricular utilizado en los centros de enseñanza , la de la profusión de banderas catalanas y mapas pancatalanistas , y la de actos de naturaleza claramente política. En este contexto, se critican los actos en favor del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña o las muestras de apoyo a los políticos catalanes que están siendo juzgados por su participación en el «procés».

En cuanto al apartado específico en el que se cuestiona que el catalán sea un requisito para el acceso a la función pública, se recuerda que «en Baleares hay un importante número de ciudadanos que tienen como lengua materna el castellano, por lo que quedan claramente en desventaja y son discriminados por tal motivo». De ese modo, se crea «una situación endogámica dentro de la clase catalanohablante». Además, «el requisito del catalán tiene un efecto disuasorio que resulta en la escasez de profesionales especializados». Cabe recordar que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol aprobó hace un año el decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener los profesionales que deseen trabajar en la sanidad pública. La versión definitiva del decreto no fija ya el catalán como un requisito previo, sino diferido, lo que significa que quienes se presenten a las distintas oposiciones convocadas por el IB-Salud dispondrán de un plazo de dos años para poder conseguir el preceptivo diploma de catalán.

En los anexos del escrito enviado a la Unesco por la Plataforma de asociaciones baleares por la convivencia de las lenguas se incluyen, como se ha indicado, diversos ejemplos concretos de los hechos denunciados, incluyendo estadísticas, normas legales vigentes a nivel del Estado y en Baleares, sentencias judiciales y noticias que han ido apareciendo en estos últimos meses en los medios de comunicación. En el anexo sobre inmersión lingüística se recuerda, ofreciendo datos del propio Govern, que «ningún centro público de Baleares contempla el castellano como lengua vehicular de enseñanza en materias no lingüísticas en sus proyectos lingüísticos ». Igualmente, se destaca que «muchos centros de Infantil y Primaria no tienen expuestos sus proyectos lingüísticos en las webs correspondientes», lo que vulneraría la ley.

En el segundo anexo del escrito, centrado en el adoctrinamiento escolar, se hace referencia a las inexactitudes que aparecen en distintos libros de texto de Lengua y de Historia de Bachillerato. Además, se explica también que las preguntas de Selectividad sobre Sociolingüística implican en Baleares «un claro sesgo ideológico de tipo nacionalista» e inciden en que el bilingüismo catalán-castellano «es conflictivo» y en que la normalización de la lengua catalana debe hacerse «desde el poder». En este anexo también se cita el informe sobre adoctrinamiento entregado en abril de 2017 al Defensor del Pueblo. Asimismo, se denuncian las muestras de apoyo de varios sindicatos al referéndum ilegal de Cataluña, las concentraciones en favor de los secesionistas en varios centros escolares y las campañas de «señalamiento» de líderes del PP, Cs y Vox.

Por último, en el anexo referido al idioma catalán como requisito para el acceso a la función pública, se enumeran las leyes y normas aprobadas en ese sentido, incluido el ya citado decreto del catalán en la sanidad.