La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, en una imagen de archivo
La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, en una imagen de archivo - EFE

El decreto del catalán en la sanidad balear cumple un año con más sombras que luces

La norma aprobada por Francina Armengol ha provocado hasta ahora el éxodo de una treintena de profesionales y ha sido recurrida además judicialmente, si bien ha permitido poder convocar finalmente oposiciones en el Servicio de Salud

Palma de MallorcaActualizado:

El próximo sábado, 23 de marzo, se cumplirá un año exacto de la aprobación del decreto más controvertido de todos los que ha impulsado en esta legislatura el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol. Se trata del decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener en la actualidad los médicos y los enfermeros que desean trabajar en la sanidad pública balear. Dicha norma fue aprobada por la Consejería de Salud, que dirige la también socialista Patricia Gómez.

Doce meses después de la puesta en marcha de esta iniciativa, se estima que una treintena de profesionales sanitarios han abandonado el Archipiélago por su desacuerdo con la exigencia del catalán. Paralelamente, se está a la espera de saber si el decreto acabará siendo o no invalidado en los tribunales, tras los recursos presentados en enero de este año por la plataforma Mos Movem y por el sindicato CSIF. Por su parte, los partidos que apoyan a Armengol, que son el PSOE, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos, defienden que esta regulación lingüística es legal y positiva en su conjunto, posición que también mantiene hoy el Sindicato de Enfermería (Satse). En cualquier caso, desde la oposición, el PP, Cs y Vox han anunciado ya que en caso de que se produzca un cambio de color político tras los comicios autonómicos del próximo mes de mayo, esta norma será derogada al inicio de la nueva legislatura.

Cabe recordar que el decreto aprobado hace ahora un año, más flexible que el inicialmente previsto, estableció que se podrán presentar a las distintas oposiciones que convoque el IB-Salud todos los profesionales sanitarios que lo deseen, aunque no tengan la preceptiva titulación lingüística fijada para cada categoría laboral, que deberán conseguir más adelante. Por tanto, en sentido estricto, el catalán no es hoy un requisito previo para que un médico o un enfermero puedan trabajar en la sanidad pública balear, sino un requisito diferido. Así, el decreto determina que quienes se están presentando ahora a las distintas oposiciones convocadas por el IB-Salud dispondrán de un plazo de dos años, como máximo, para poder conseguir el diploma de catalán una vez obtenida una plaza fija en el Servicio de Salud. Los médicos y los enfermeros deberán acreditar, por ejemplo, un nivel elemental —B1— de catalán. De no hacerlo así, no perderán su plaza, pero no podrán pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

Las condiciones fijadas por el decreto para poder presentarse a las oposiciones actualmente en marcha en el IB-Salud son, de hecho, más duras para el personal no sanitario que para el personal sanitario. Así, los administrativos debían acreditar ya ahora, en el momento mismo de inscribirse, la titulación lingüística exigida si querían ser aceptados. En ese contexto, CSIF denunció el pasado mes de febrero que «un total de 678 auxiliares administrativos y 142 administrativos han quedado excluidos de las convocatorias de empleo público de la Sanidad de Baleares por no haber acreditado, mediante un título oficial, el conocimiento de la lengua catalana».

Pros y contras

El presidente del sector de sanidad de CSIF en Baleares, Luis Apolinar, califica el decreto como «discriminatorio» y recuerda que su sindicato siempre ha defendido que «el catalán debería ser un mérito y no un requisito». Apolinar añade que «importar trabajadores es ya de por sí díficil, por los problemas de vivienda o de nivel de vida que hay hoy en Baleares, circunstancias que unidas a la actual exigencia del catalán hacen que ya no sea apetecible venir aquí». En esa misma línea, señala que «ahora se prima el conocimiento lingüístico por encima de la capacidad profesional, lo que dificulta la llegada de profesionales de renombre a las Islas».

«El decreto es inconstitucional e ilegal», afirma, por su parte, la presidenta de Mos Movem, María José García. Dicha plataforma, impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró, está siendo una de las entidades más críticas con el Ejecutivo de Armengol, no sólo por el decreto del catalán en la sanidad, sino también por sus políticas lingüísticas y educativas. «Un año después de la aprobación del decreto, nada ha cambiado, nos sigue pareciendo tan perjudicial como entonces», denuncia García. «Sabemos que en estos últimos meses una treintena de profesionales sanitarios se han ido de las Islas por el catalán, pero deberíamos de preguntarnos cuántos han dejado además de venir a Baleares por el mismo motivo», lamenta.

Paradójicamente, todo podría haber sido quizás distinto si hace dos años Armengol hubiera respetado el criterio inicial del director general del IB-Salud, el doctor Juli Fuster. En agosto de 2017, Fuster dictó una resolución en la que eximía del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. Sin embargo, MÉS por Mallorca —que forma parte del Ejecutivo regional— no aceptó dicha decisión y obligó al PSOE a rectificar de inmediato. Poco después, socialistas y ecosoberanistas pactaron un primer borrador de decreto, que fijaba el catalán como requisito imprescindible. Ese primer borrador fue rechazado de plano por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Satse, CSIF, Mos Movem, el PP y Cs. Además, los gerentes de los hospitales de Baleares enviaron en aquel momento un escrito a Fuster en el que le alertaban de que la exigencia del catalán dificultaría la llegada de facultativos a la Comunidad.

Todas esas circunstancias, incluidas varias movilizaciones, fueron determinantes para que el Gobierno balear decidiera rectificar parcialmente y preparar otro borrador de decreto, que fue el que finalmente se aprobó hace justo un año. Como se ha indicado, en el nuevo documento el catalán dejaba de ser un requisito en sentido estricto y además se rebajaba el nivel lingüístico exigible para cada categoría laboral. Esa rectificación parcial fue decisiva para que Satse decidiera dejar a un lado su oposición inicial y acabase apoyando la versión definitiva del texto. El secretario general de este sindicato en Baleares, Jorge Tera, recalca que «el decreto ha permitido y seguirá permitiendo el acceso al empleo público, tanto temporal como fijo, a los miles de profesionales que importamos de la Península». Tera añade que, por otro lado, «el concurso de traslados en todas las categorías también se está llevando a cabo sin problemas».

Datos objetivos

La posición actual de los enfermeros no es compartida por los médicos. Así, el presidente de Simebal, el doctor Miguel Lázaro, insiste en que el decreto «es un elemento disuasorio para la llegada de profesionales sanitarios a Baleares». Para Lázaro, «la prioridad debería ser intentar captar y fidelizar a los médicos». En ese contexto, critica que el Gobierno regional haya decidido hace unos días endurecer las condiciones para poder lograr un certificado de catalán en la Comunidad. Hasta ahora, para poder conseguir dicho certificado sólo era preciso obtener un mínimo de cinco puntos —sobre diez— en cada una de las cuatro pruebas específicas de que constan los exámenes de tipo lingüístico en Baleares. A partir de ahora, se exigirá alcanzar un mínimo de seis puntos —también sobre diez— en cada una de esas cuatro pruebas específicas si se quiere lograr el preceptivo diploma. «Esta mayor exigencia en los exámenes de catalán es algo que, por desgracia, también veíamos venir», concluye Lázaro.

Por su parte, el Ejecutivo balear sigue defendiendo la posible bondad de su proyecto más cuestionado a lo largo de esta legislatura. Así, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, pone en valor que «tras la aprobación del decreto del catalán en la sanidad, se han convocado oposiciones en todas las categorías profesionales», unas pruebas que «se están celebrando con normalidad» y en las que «se ha podido presentar todo el mundo, aunque no tuviera ahora ninguna titulación lingüística». Globalmente, han sido ofertadas un total de 4.658 plazas en dichas oposiciones del Servicio de Salud. Según Costa, «el tema lingüístico no ha sido, ni es, ni será nunca, un problema en Baleares».

Con independencia de las posiciones a favor o en contra del decreto, hay dos datos objetivos que invitan a la reflexión. Por una parte, el castellano ha sido el idioma que mayoritariamente han elegido para examinarse los distintos aspirantes a ocupar una plaza fija en el IB-Salud. Hasta finales del pasado año, del total de 4.552 personas que se habían presentado a las pruebas convocadas para nueve categorías profesionales distintas, 4.031 optaron por examinarse en castellano y 521 por hacerlo en catalán, lo que representó unos porcentajes del 88,6% y del 11,4%, respectivamente. Por otra parte, del total de 114 trabajadores del IB-Salud que en mayo del pasado año se presentaron a las pruebas extraordinarias de catalán convocadas por el Gobierno balear, finalmente sólo aprobaron 22 personas, lo que representó un porcentaje del 19% aproximadamente.

El hecho de que la mayoría de profesionales que se han examinado en las oposiciones del Servicio de Salud hayan optado por hacerlo en castellano o la evidencia de que los resultados de los exámenes de catalán suelen ser normalmente bastante negativos, son dos circunstancias que en principio parecen dar la razón a las entidades, los sindicatos y los partidos que, a día de hoy, ven más sombras que luces en el decreto del catalán en la sanidad balear.