Defensa expulsa al militar de «La Manada» del Ejército

Como consecuencia de la condena, «se incoó un expediente administrativo por condena por delito doloso que se ha resuelto con la resolución del compromiso que tenía con las Fuerzas Armadas hasta la edad de 45 años y la pérdida de su condición de militar », dice el comunicado remitido por Defensa.

Cabezuelo se encontraba «por imperativo legal» en servicio activo pero sin posibilidad de asignación de destino. Esto implicaba que el integrante de «La Manada» cobrara el sueldo base por ser soldado, alrededor de 800 euros , pero debido a que no tenía destino asignado, perdía los distintos complementos por destino o por decicación, según informó ABC el pasado mes de julio.

Cabezuelo fue condenado junto a los otros cuatro miembros de «La Manada» el pasado marzo, pero en junio se decretó su libertad provisional bajo fianza al considerar que su arraigo, insolvencia económica y falta de antecedentes similares reducían el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, una decisión no compartida por la Fiscalía y las acusaciones populares.

En julio, el Ministerio de Defensa informaba de que no asignaría destino al militar , si bien indicaba que no podía evitar su reincorporación al servicio activo, con la que el soldado recuperaba la totalidad de su sueldo base. La decisión de no asignar destino entonces, en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar, fue adoptada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además, tras la sentencia en la que se condenó a Cabezuelo a nueve años de prisión, las Fuerzas Armadas incoaron un expediente administrativo por dicha condena que ahora ha sido resuelto con su baja.

Cabezuelo, que servía en la Unidad Militar de Emergencias (UME), fue autor de uno de los siete vídeos de abusos sexuales y por su condición de militar cumplió la prisión preventiva en el centro penitenciario militar de Alcalá Meco, en Madrid.

Por su parte, el abogado Agustín Martínez Becerra, quien ejerce la defensa de Cabezuelo, ha advertido este jueves de que la resolución del Ministerio de Defensa relativa a su expulsión de las Fuerzas Armadas «no es firme» ni «efectiva» , criticando el «marketing populista y propagandístico» que a su juicio impregna la difusión de dicha decisión.

A su juicio, la condena «en primera instancia» emitida por la Audiencia de Navarra y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad «no puede ser tomada como una verdad absoluta» , lo que le ha llevado a criticar esta «aplicación extensiva e injustificable» de las normativas, más aún cuando la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, «es miembro de la carrera judicial».