Baños «unisex» y uniformes escolares «según la identidad sexual sentida», algunas de las medidas contra la LGTBIfobia

Estas son algunas de las medidas del «protocolo de acompañamiento» para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos valencianos, que entró en vigor este martes tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Estas medidas --que deberán adoptar de forma obligatoria los centros públicos valencianos y de forma voluntaria los colegios concertados y privados-- se suman a una larga lista de comunidades autónomas que ya cuentan con una ley contra la LGTBIfobia.

En total diez comunidades autónomas han legislado sobre esta materia con el objetivo de «evitar la discriminación por motivos de identidad de género y promover la igualdad de trato de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales». Una situación en la que se encuentra cerca del 10 por ciento de la población. En concreto, entre tres y cinco millones de personas, según las estimaciones de las distintas asociaciones LGTBI.

Las primeras comunidades en aprobar una norma por los derechos de las personas LGTBI fueron Navarra y el País Vasco , en 2009 y 2012, respectivamente. Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña y Extremadura cuentan con este tipo de legislación desde 2014 y 2015. El resto, Madrid, Murcia e Islas Baleares se sumaron en 2016. Valencia, Aragón y Asturias están en proceso de elaboración de los proyectos de ley, mientras que Navarra se está planteando reformar su norma para «modernizarla».

En algunos casos, como Andalucía o Extremadura, la ley contempla «baños unisex» y la obligación por parte de los docentes de utilizar tanto en el aula como en la documentación administrativa el «nombre elegido libremente» por el alumno de acuerdo «a su identidad sexual manifestada». Lo mismo ocurre en el caso de que en el colegio sea obligatorio el uso del uniforme y éste se encuentre diferenciado por sexos. «Se reconocerá el derecho del alumno transexual a vestir el que corresponda en función del sexo sentido por el alumno», reza la norma extremeña. Una condición que también deberá ser tenida en cuenta «en las actividades escolares diferenciadas por sexo».

El presidente de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, explica a ABC que esta multiplicidad de leyes autonómicas plantea «un sistema de descontrol en materia de igualdad de las personas transexuales». «Dependiendo en qué comunidad se encuentre la persona tiene unos derechos u otros», lamenta. Su asociación espera que todas estas normas se unifiquen en una ley estatal. «Estamos en proceso de negociación con los distintos partidos políticos», afirma Generelo.

Aunque todos están de acuerdo en que «nadie tiene por qué ser discriminado por razón de su orientación sexual», más de un centenar de asociaciones --agrupadas en la Plataforma por las Libertades -- han pedido la derogación de estas leyes autonómicas contra la LGTBIfobia.

Estas entidades del ámbito educativo y social consideran que estas normas «lejos de promover la igualdad y la no discriminación» tratan de «imponer la ideología de género» y «conculcan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución », como «el de la libertad de la educación».

Estas «leyes contra la LGTBIfobia atentan de forma clara contra la libertad de educación de los padres, ya que obligan a todos los colegios a impartir las doctrinas del lobby LGTBI , aún en contra de la voluntad de los padres», advierten.

El artículo 35 de la «ley Cifuentes» -que entró en vigor este verano - prevé, por ejemplo, la elaboración de una Estrategia Integral sobre Educación y Diversidad Sexual e Identidad o Expresión de Género que «se aplicará a todos los niveles y estapas formativas y será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos».

Una medida contemplada, según estas organizaciones, en todas las leyes autonómicas contra la LGTBIfobia aprobadas hasta el momento, al exigir «una formación que promueva la aproximación hacia los distintos modelos de familia y explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género».

La «abierta parcialidad ideológica de las leyes» -sostiene esta plataforma- queda confirmada por el hecho de que se prescriba la colaboración de las organizaciones LGTBI en el diseño e impartición de las enseñanzas sobre sexualidad y familia así como la obligatoriedad de la representación de este colectivo (y no de otros) en los distintos consejos escolares autonómicos».

Entre las entidades que integran esta plataforma figuran organizaciones como la Federación Europea One of Us , la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación de Familias Numerosas, la Asociación Familia y Dignidad Humana , Hazteoirg.org , la Fundación Madrina, el Instituto de Política Familiar y la Comunidad Evangélica.