Más de un centenar de asociaciones crean la Plataforma por las Libertades

Durante la presentación de esta iniciativa de la sociedad civil, su coordinadora, Lourdes Méndez, explicó que estas leyes autonómicas «conculcan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales de Derechos Humanos», como «el principio de igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su orientación sexual, el de la libertad de la educación, la libertad de expresión, el principio de la seguridad jurídica o el de presunción de inocencia».

«Pedimos a los legisladores que deroguen estas leyes totalitarias que atentan contra la libertad; pedimos a las administraciones que se ocupen de lo que verdaderamente preocupa y no desvíen la atención ni el tiempo ni el dinero del contribuyente en legislar atentando contra libertades fundamentales», recordó la exdiputada del PP.

Para «ayudar a los ciudadanos a defender los derechos que estas leyes les arrebatan», esta nueva plataforma pondrá en su página web a disposición de los padres formularios para poder solicitar a los colegios información sobre los contenidos que reciben sus hijos sobre diversidad sexual e identidad o expresión de género. También se podrá solicitar asistencia jurídica.

«Emplearemos todos los recursos que nos da el Estado de Derecho en defensa de las libertades de todos y de los principios constitucionales, recurriendo a la objeción de conciencia cuando ello sea preciso y ejerciendo los instrumentos democráticos establecidos en el ordenamiento jurídico», apuntó Lourdes Méndez, arropada por el exeurodiputado Jaime Mayor Oreja y una veintena de directores de las principales asociaciones que se han unido a esta iniciativa.

Entre ellas, figuran entidades como la Federación Europea One of Us , la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación de Familias Numerosas, la Asociación Familia y Dignidad Humana, Hazteoirg.org , la Fundación Madrina, el Instituto de Política Familiar y la Comunidad Evangélica.

Durante el acto, la Plataforma presentó un manifiesto --que extractamos a continuación-- y en el que se ponen de relieve algunas de las libertades fundamentales que, según estea organización, están siendo vulneradas por las distintas leyes de apoyo al colectivo LGTBI.

En su manifiesto esta plataforma denuncia que las leyes contra la LGTBI establecen «un régimen especial de tutela institucional de las personas LGTBI, que no existe para el resto de los ciudadanos».

El documento suscrito por más de un centenar de asociaciones además critica que «se garantice a las asociaciones LGTBI una financiación pública de sus actividades, absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONGS, todo ello sin justificación objetiva y razonable».

En relación al derecho de la educación, el texto señala que estas «leyes contra la LGTBIfobia atentan de forma clara contra la libertad de educación de los padres, ya que obligan a todos los colegios a impartir las doctrinas del lobby LGTBI, aún en contra de la voluntad de los padres».

El artículo 35 de la «ley Cifuentes» -que entró en vigor este verano- prevé, por ejemplo, la elaboración de una Estrategia Integral sobre Educación y Diversidad Sexual e Identidad o Expresión de Género que «se aplicará a todos los niveles y estapas formativas y será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos».

El manifiesto también denuncia que estas leyes puestas en marcha en diez comunidades -Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Islas Baleares- establecen que los alumnos deberán recibir «una formación que promueva la aproximación hacia los distintos modelos de familia y explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género».

La «abierta parcialidad ideológica de las leyes» -sostiene el documento- queda confirmada por el hecho de que se prescriba la colaboración de las organizaciones LGTBI en el diseño e impartición de las enseñanzas sobre sexualidad y familia así como la obligatoriedad de la representación de este colectivo (y no de otros) en los distintos consejos escolares autonómicos».

Otro de los puntos que resalta el manifiesto, firmado por este centenar de asociaciones, es el de la conculcación del derecho a la libertad de expresión, al «impedir que se pueda opinar en libertad, bajo pena de sanción». Denuncian también que estas normas autonómicas «obligan a los medios de comunicación a incluir en sus programaciones contenidos que difundan esta ideología» de género.

El texto también denuncia que estas leyes «coartan la investigación y la verdad científica», ya que los científicos pueden «ser sancionados si el resultado de las mismas y su difusión contradice lo que afirma la ideología de género». Junto a la sanción «se instaura la censura, prohibiendo la presencia de tales investigaciones y publicaciones científicas en las bibliotecas públicas».

Las asociaciones que forman la Plataforma por las Libertades critican que estas normas autonómicas «prohíban», por ejemplo, a una persona transexual someterse a una terapia de reorientación para ser heterosexual y además «se sancione al profesional que se preste a ayudarle en su legítima pretensión».

El manifiesto denuncia también que estas leyes «inviertan la carga de la prueba» y «cualquier empresario o persona que trabaje en el Área de Recursos Humanos de una empresa, y que decida no contratar a una persona en función de su libertad e interés empresarial, puede ser acusado de discriminación por homofobia por quien no haya resultado preterido, teniendo que probar lo contrario para no ser sancionado».

Para los firmantes de este manifiesto, los hechos que resultan sancionables poseen además «una gran indefinición», abriendo así la puerta a «una peligrosa discrecionalidad en la aplicación de sanciones». «Conceptos como “violencia de género”, “vejaciones”, “discriminación”, “incitación al odio”, etc. que se califican como conductas sancionables no añaden nada al ordenamiento jurídico vigente, salvo que se considere que discrepar de la ideología de género y su visión de la sexualidad supone una vejación, una discriminación o una incitación al odio », apuntan.