Una veintena de asociaciones piden al Defensor del Pueblo «la inconstitucionalidad» de la ley contra LGTBifobia

El escrito --respaldado por asociaciones como la Federación Europea One of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida, Hazteoirg.org o el Instituto de Política Familiar, entre otros-- explica que la conocida como «Ley Cifuentes» vulnera derechos reconocidos en la Constitución española, como «el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, el derecho de educación, a la libertad ideológica y religiosa, y de seguridad jurídica», entre otros.

La presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana, Lourdes Méndez, explicó a ABC que esta iniciativa de la Plataforma por las Libertades surgió ante «la preocupación que genera esta ley que, con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual, aprovecha para imponer una ideología determinada, la ideología de género».

Para la exdiputada popular la norma supone «un grave atentado contra la libertad», al vulnerar «el deber del Estado de garantizar la neutralidad ideológica en los centros escolares públicos» y de «entrometerse en el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación de acuerdo a sus convicciones».

El documento, presentado ante Soledad Becerril, recuerda que «desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI». «Todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual, y gozan de los mismos derechos y obligaciones», recuerda.

Por ello, el grupo de juristas que ha elaborado este escrito considera que la ley contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid «vulnera el derecho a la igualdad», que figura en el artículo 14 de la Constitucion Española, al establecer «un régimen especial de tutela institucional de las personas LGTBI que no existe para el resto de los ciudadanos».

También considera «inconstitucional» que la ley prevea en el artículo 11.1 la adopción de «medidas de acción positiva por razón de la orientación sexual y la identidad de género, no previstas para los no incluidos en la categoría LGTBI».

El documento suscrito por más de una veintena de asociaciones además critica que «se garantice a las asociaciones LGTBI una financiación pública de sus actividades, absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONGS, todo ello sin justificación objetiva y razonable».

En relación al derecho de la educación, el texto señala que la «ley Cifuentes» vulnera el derecho reconocido a los padres en el artículo 27.3 de la Constitución, que implica que la formación de la conciencia de sus hijos menores sea un ámbito vedado a la acción de los poderes públicos.

En este sentido, señala que el artículo 35 de la «ley Cifuentes» garantiza que «los contenidos educativos de los centros se harán permeables a la ideología de género y que las asociaciones LGTBI participarán en la formulación de esos contenidos». Esa «Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género» se aplicará, según establece la propia norma, «en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos».

La ley también señala que «la Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente». «Resulta evidente pues, a la vista la redacción de estos preceptos, que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa educativo no se pretenden que sean difundidas de manera crítica o pluralista, lo que es plenamente incompatible con el ámbito de libertad protegido por el art. 27.3», recuerda el documento presentado ante el Defensor del Pueblo.

Además de la petición de presentación del recurso de inconstitucionalidad, los firmantes de la petición --que representan a miles de personas en la Comunidad de Madrid y en toda España en el ámbito de la educación, la familia y los derechos civiles-- urgen al Defensor del Pueblo que solicite «la suspensión cautelar de numerosos artículos» de la ley contra la LGTBifobia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, ya que «afecta y vulnera Derechos Fundamentales y constitucionalmente reconocidos».