La acusación de la 'Pará de Gines' pide al juez que investigue la mediación del socialista Rafael Pineda en favor del alcalde

Esta petición llega a la mesa del juez José Ignacio Vilaplana después de que este periódico publicara la semana pasada que la Guardia Civil, en uno de los informes entregados en el caso Pineda, expone que el que fuera gerente de Lipasam en la etapa de Sánchez Monteseirín como alcalde presumía de «estar partiéndose la cara» por salvar al alcalde socialista de Gines de la causa sobre las irregularidades en la organización de la feria ganadera.

Se produce en un momento crucial de la causa. En septiembre de 2024 el juez instructor del caso de la Pará dictó auto de procesamiento contra el actual alcalde de este municipio, un ex primer edil y otros nueve responsables municipales que formaron parte de distintas juntas de gobierno del Consistorio, un arquitecto técnico municipal, un interventor, los administradores de varias entidades beneficiarias y cuatro ex hermanos mayores de la hermandad del Rocío del pueblo. En dicha resolución el juez excluía al que fuera presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobos y otros ex altos cargos de la institución provincial.

Un año después la Fiscalía solicitó el archivo de la causa al no apreciar delitos en la actuación de Garrido y los otros investigados, mientras la acusación que ejercen las dos exconcejales de Imagines, grupo municipal que denunció los hechos, solicita veinte años de cárcel para el alcalde socialista. Está en manos del juez decidir si cierra el caso o dicta apertura de juicio oral.

Ahora, como informó este periódico, se conoce que los agentes de la Guardia Civil, tras las escuchas realizadas en el marco de una investigación a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales vinculadas al narcotráfico, determinan que Pineda utilizó las «influencias» políticas de su cargo como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía para librar a Romualdo Garrido. En dichas escuchas existen numerosas conversaciones entre Pineda y uno de los principales narcos sobre las gestiones y favores que el socialista le hacía a este investigado.

Entre estos favores estaba la intermediación de Pineda con el alcalde de Gines para intentar acelerar la reapertura de un establecimiento de copas y comidas del narco en el municipio sevillano, lo que se logró en octubre de 2024. Para ello ambos socialistas mantuvieron varias reuniones. Los pinchazos dejan a la luz la relación de amistad de los dos cargos socialistas, pero también todo lo que había hecho el jefe de gabinete de Pedro Fernández por el regidor de Gines en la causa de la Pará de Gines, llegando a admitir que se había dejado «un montón de pelos en la gatera por él».

Pero había más mensajes en esas comunicaciones telefónicas intervenidas. El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía admite, según señala la Policía Judicial, que en agradecimiento por los favores recibidos por Garrido «se va a partir la cara por sacarlo del juzgado de Instrucción». Previamente, en otra conversación, Pineda reconoce que «vamos bien con lo suyo y lleva más de siete años purgando», lo que parece indicar, según la Guardia Civil, que está realizando alguna labor en este procedimiento penal contra el alcalde, ambos del PSOE.

Esta «mediación» la usa Pineda para influir en Romualdo Garrido para que se implique en la apertura del bar de su amigo narco. Hasta la propia UCO, en otro oficio obrante en la causa que investiga la operación urbanística de Pineda, su mujer y otros socios con la parcela de Emvisesa, señala que el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno «se habría comprometido a realizar gestiones para que una causa penal que tenía este alcalde abierta, junto a otras 19 personas, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por un delito de prevaricación, no teniéndose constancia, por el momento, de que las mismas se hayan realizado ni hayan surtido efecto».

Esto ha motivado la reacción de José Antonio Sires, abogado de las dos exconcejales de Imagines, quienes ejercen la acusación popular. Este martes presentó este martes un escrito en el que solicita que se acuerde la incorporación al procedimiento de la Pará de Gines el atestado policial que obra en la causa que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla para investigar el pelotazo urbanístico de Pineda y su mujer con la venta de la parcela del Higuerón por el doble de la que cinco meses antes la compraron a Emvisesa, un solar al que accedieron en 2016 en un procedimiento de arrendamiento de la empresa municipal de vivienda.

Para la acusación popular del caso de la Pará de Gines, dicho atestado «aporta pruebas directas que afectan a la investigación» de la causa, como la presunta «participación» de un tercero en favor del alcalde Romualdo Garrido, por lo que las conclusiones de la Policía Judicial de la Guardia Civil podría «contribuir a esclarecer los hechos y a determinar la responsabilidad de los investigados».

Por ello, solicita al juez que acuerde la incorporación del atestado mencionado al presente procedimiento, así como las medidas necesarias para que la Guardia Civil remita el testimonio del atestado a este juzgado, respetando el secreto de actuaciones, si procediera.

De otro lado, José Antonio Sires ha trasladado a ABC que espera que este giro en el caso lleve a la Fiscalía, como garante de la legalidad y del interés público, a «promover la acción penal si existen elementos suficientes, que demuestren lo recogido en el informe de la Guardia Civil y adopte una postura coherente con su rol constitucional, rectifique su decisión inicial y continúe la acusación, evitando dejar en un limbo jurídico unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos muy graves».