El ex jefe de gabinete de Delegación del Gobierno «se partió la cara» para librar al alcalde socialista de Gines del caso de la Pará

Entre esos favores se encuentra la intermediación de Pineda con Romualdo Garrido, con el que se reunió en varias ocasiones, para intentar acelerar la reapertura de un establecimiento de copas y comidas del narco en el municipio sevillano, lo que se logró en octubre de 2024. Los pinchazos dejan a la luz la relación de amistad de los dos cargos socialistas, pero también todo lo que había hecho el jefe de gabinete de Pedro Fernández por el regidor de Gines en la causa de la Pará de Gines, llegando a admitir que se había dejado «un montón de pelos en la gatera por él».

Pineda cesó en su cargo como jefe de gabinete del delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el 31 de agosto de este año, si bien su salida no fue efectiva hasta varios días después. El 12 de septiembre este periódico publicó que agentes de la UCO visitaron la sede de Emvisesa para requisar la documentación relacionada con un parcela pública en el Higuerón que adquirió la pareja de Pineda por 1,7 millones. Esa actuación se enmarcaba en una pieza abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla para investigar hechos vinculados al que fuera gerente de Lipasam con Sánchez Monteseirín, coincidiendo con su «padrino» Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados.

Esa pieza devino de una causa del mismo juzgado contra una red de narcotráfico, en la que hay más de treinta investigados entre personas físicas y empresas, entre ellas dos abogados. En estas diligencias se intervinieron los teléfonos de los principales acusados. En dichas escuchas saltó el nombre de Pineda y todos los favores al narco a cambio de «dádivas» como papeles para trabajadores ilegales o la reapertura de un pub en Gines.

Pineda tuvo una «implicación» relevante en este asunto, hasta el punto de destacar el narco que sin él no hubiese sido posible. El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía admite, según señala la Policía Judicial, que en agradecimiento por los favores recibidos por Garrido «se va a partir la cara por sacarlo del juzgado de Instrucción».

Previamente, en otra conversación, el socialista Rafael Pineda reconoce que «vamos bien con lo suyo y lleva más de siete años purgando», lo que parece indicar, según la Guardia Civil, que está realizando alguna labor en este procedimiento penal contra el alcalde, ambos del PSOE.

Esta «mediación» la usa Pineda para influir en Romualdo Garrido para que se implique en la apertura del bar de su amigo narco. Hasta la propia UCO, en otro oficio obrante en la causa que investiga el pelotazo de Pineda, su mujer y otros socios con la parcela de Emvisesa, señala que el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno «se habría comprometido a realizar gestiones para que una causa penal que tenía este alcalde abierta, junto a otras 19 personas, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por un delito de prevaricación, no teniéndose constancia, por el momento, de que las mismas se hayan realizado ni hayan surtido efecto».

El caso de la Pará de Gines se encuentra a la espera de que el juez instructor, José Ignacio Vilaplana, dicte auto de apertura de juicio oral o cierre la causa, como pidió la Fiscalía el pasado mes de septiembre al no apreciar delitos en la actuación de Garrido y los otros investigados, mientras la acusación que ejercen las ex concejales de Imagines, grupo municipal que denunció los hechos, solicita veinte años de cárcel para el alcalde socialista.

Fue en septiembre de 2024, coincidiendo con las reuniones entre Rafael Pineda y Romualdo Garrido para las gestiones de la reapertura del pub Green en Gines, cuando el juez instructor dictó auto de procesamiento contra el actual alcalde de este municipio, un ex primer edil y otros nueve responsables municipales que formaron parte de distintas juntas de gobierno del Consistorio, un arquitecto técnico municipal, un interventor, los administradores de varias entidades beneficiarias y cuatro ex hermanos mayores de la hermandad del Rocío del pueblo. En dicha resolución el juez excluía al que fuera presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobos y otros ex altos cargos de la institución provincial.