Emvisesa defiende en el juzgado su posición en el caso Pineda: «Además del perjuicio patrimonial, sufre un perjuicio institucional»

Fue el pasado mes de enero cuando la juez abrió una pieza separada derivada de una investigación a una red de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico para indagar los favores de una persona de la Delegación del Gobierno en Andalucía a uno de los principales investigados por narcotráfico a cambio de dádivas. Esa persona era Rafael Pineda, jefe de gabinete de Pedro Fernández hasta el pasado mes de agosto.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, a través de la Policía Judicial, primero, y la Unidad Central Operativa (UCO), después, fue cercando el círculo al entorno de Pineda, exgerente de Lipasam en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde. En una análisis patrimonial del socialista y su mujer, Olga Pérez, se detectó como en septiembre de 2024 una sociedad de ella, Higuerón Real Estate, compró a Emvisesa por más de 1,7 millones de euros. Esta empresa ya tenía dichos suelos arrendados desde los primeros compases de 2017 por un canon anual de 108.000 euros durante 40 años, situación administrativa que no invitaba al mercado a poner los focos en el solar, como así quedó demostrado en los dos intentos de la empresa pública de enejarlo. A la primera subasta no se presentó nadie. En la segunda sólo ofertó Olga Pérez, odontóloga de profesión.

La UCO estaba investigando todo el expediente administrativo relativo a esta parcela, desde el procedimiento público de arrendamiento de verano de 2016, al que sólo se presentó Olga Pérez, hasta la venta en septiembre de 2024, al que sólo optó, de nuevo, Olga Pérez, a través de Higuerón Real Estate. Apenas cinco meses después, vendió la parcela a una filial de Burger King Spain por 3,9 millones (IVA incluido), sacando un beneficio de 2,2 millones, de lo que entre los beneficiarios, según la Guardia Civil, hay un trabajador de Emvisesa, que se llevó casi 80.000 euros. Hoy está suspendido de empleo.

En la causa judicial se personó inicialmente Rafael Pineda, aunque de momento no aparece en calidad de investigado. Después, el pasado 27 de octubre, lo hizo Emvisesa, en calidad de perjudicada, como acusación particular. Sin embargo, la aceptación de la juez fue recurrida por el abogado del socialista para que sea expulsada de las diligencias.

Según el letrado de la empresa municipal, ésta «había sufrido perjuicios por los hechos objeto de investigación», como así detalla el informe de la UCO al analizar las operaciones de arrendamiento y compraventa posterior de una parcela de usos terciarios que pertenecía a Emvisesa. En el escrito de oposición, el abogado de la sociedad pública de vivienda expone que «una de las personas implicadas en la trama es el responsable de suelos terciarios de Emvisesa, nada más y nada menos». Ésta «parece que contribuyó de alguna manera a la perpetración de los tipos delictivos que están siendo objeto de investigación».

Y frente a los argumentos del abogado de Pineda se expone ante la juez que «inadmitir la personación de Emvisesa como acusación particular supondría una vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva». La empresa pública, como explica su representación legal, «tiene un especial interés en que no se cometan dentro de la misma delitos como el cohecho, la prevaricación o el tráfico de influencias, sobre todo tratándose de una entidad cuyo fin es el de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna».

Ha insistido en que, en contra de lo que afirma el abogado de Pineda, la parcela del Higuerón era de propiedad de Emvisesa, no un bien patrimonial o demanial del Ayuntamiento, no era el gestor de dicha parcela, sino la titular. Hasta el propio recurrente reconoce que la sociedad municipal fue quien fijó el precio de venta, lo que «acredita» que es la titular del patrimonio afectado y «la directamente perjudicada por cualquier irregularidad en la adjudicación».

Por último, el abogado de Emvisesa indica en su escrito que el procedimiento está en fase de instrucción, cuya finalidad es investigar y esclarecer los hechos, por lo que pretender en este momento procesal descartar la existencia de delito es contrario a la naturaleza y finalidad de la instrucción. «Si los hechos investigados acreditan irregularidades en el procedimiento de adjudicación que pudieran haber determinado una venta por precio inferior al de mercado o en condiciones perjudiciales para Emvisesa, el perjuicio patrimonial directo es evidente e incuestionable», concluye el letrado, que añade que Emvisesa, «además del perjuicio patrimonial, sufre un perjuicio institucional y reputacional» por la presunta participación de uno de sus trabajadores, por lo que tiene interés legítimo y directo en el esclarecimiento de los hechos.

«Es incuestionable que Emvisesa tiene legitimación suficiente para poder ejercitar la acusación particular en su condición de perjudicada», finaliza antes de pedir a la juez que se rechace la petición del abogado de Pineda.