El PSOE rebajó un 40% el valor de la parcela de Higuerón justo antes de alquilarla a Rafael Pineda

Con la llegada en 2011 de Juan Ignacio Zoido al Ayuntamiento de Sevilla se realizó una tasación de esta parcela pública en Pino Montano, en pleno desarrollo del Higuerón, fijando el valor de la misma en más de 3,3 millones de euros. En julio de 2016, ya con Juan Espadas en el gobierno municipal, la comisión ejecutiva de Emvisesa, de la que formaban parte el hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz (también era por entonces vicepresidente de la empresa de la municipal de vivienda y delegado de Urbanismo), y los exconcejales socialistas Carmen Castreño y Juan Manuel Flores, aprobaron una nueva tasación para dicha parcela antes de abrir el procedimiento público de arrendamiento ese mismo mes de julio.

Esa nueva valoración inmobiliaria suponía bajar de 3,3 millones su valor a 1.997.000 euros. Ese precio de salida influyó de forma directa en el canon fijado para el arrendamiento de los suelos, como así lo subraya la Guardia Civil en la investigación sobre la operación urbanística con esta parcela.

El procedimiento público se abrió en julio y las ofertas se podían entregar hasta el 30 de septiembre. Sólo optó al arrendamiento Olga Pérez, odontóloga de profesión y esposa de Rafael Pineda. En su oferta, mejorada sobre las condiciones del pliego, pasaba de los 105.000 euros que planteaba Emvisesa a los 108.000 euros. Un aspecto por el que se le daban 41 puntos. También redujo el plazo de vigencia del derecho de superficie, de los 50 años que se proponían a los 40 por los que licitó. Finalmente, el proyecto incluía la generación de una serie de puestos de trabajo que sumaban puntos a la propuesta ganadora.

Posteriormente, Olga Pérez creó la sociedad Higuerón Real Estate para suscribir el contrato de arrendamiento en febrero de 2017 con Emvisesa. Después subarrendó la parcela a tres empresas para que se levantara en dichos suelos un Burger King, una gasolinera y un KFC.

Pese a esta situación administrativa (alquiler), Emvisesa tenía entre sus planes la enajenación de la parcela. La subasta impulsada en 2022, con un precio de salida de 1.997.000 euros (fijado por el gobierno municipal socialista en 2016) quedó desierta. Con José Luis Sanz como alcalde se trabajó en el citado propósito de venta de estos suelos, que estaban arrendados por cuarenta años a Higuerón Real Estate, el principal motivo por el que no despertaba interés en el mercado inmobiliario. Éste y que su precio estaba «fuera de mercado», según le comentó el jefe de sección Terciarios a los responsables de Emvisesa, que deciden sacar una nueva subasta en 2024 con un precio de salida de 1.469.203,60 euros (IVA excluido). La única parte que mostró interés fue Higuerón Real Estate, sociedad a la que evidentemente no le pesaba la concesión de uso del suelo porque la beneficiada era la propia sociedad de Olga Pérez. Pagó 1,469.204 euros (1,77 millones con IVA incluido), 40 céntimos más del precio de salida.

Eso fue en septiembre de 2024. Apenas cinco meses después, en enero de 2025, Pineda, su mujer y sus socios (uno de ellos el prestamista de los 1,7 millones y el otro, alto cargo del holding Burger King Spain) vendieron la parcela por 3.269.657 (IVA excluido) a Eryel Invest S.L, una sociedad del holding de la multinacional de hamburguesas. Curiosamente, el mismo valor de tasación que fijó el gobierno de Zoido.

Todo lo que rodea a esta operación, por la que Pineda y su entorno ganaron más de 2,2 millones de euros, es calificado como «altamente sospechoso» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes presentados ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Precisamente, el análisis patrimonial de Pineda y su mujer en el marco de una causa contra una red de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico destapó este pelotazo urbanístico, lo que hizo al Instituto Armado pedir a la juez abrir una pieza separada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre negocios, inicialmente.

En el primero de los delitos jugaría un rol relevante un técnico de Emvisesa, el jefe de sección Terciarios, que recibió 80.000 euros de la venta de la parcela. La empresa municipal le tiene abierta una investigación interna y lo ha suspendido de empleo provisionalmente.

El propio Rafael Pineda, en declaraciones a ABC, admitió que sabía que «Emvisesa tenía muchas parcelas ociosas», un aspecto que venía a confirmar su conocimiento sobre la situación de la empresa municipal, presumiblemente por su estrecho vínculo con sus compañeros de militancia en el PSOE.