No cabe ya un piso turístico más en el Arenal, la Alfalfa y Santa Cruz. Las tres zonas han alcanzado el punto de saturación máxima, como muestra un estudio realizado de la Universidad de Málaga por encargo por la Junta de Andalucía que analiza ... la situación en las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. El 25% del parque residencial de estos barrios se destina a alojamiento, o lo que es lo mismo: una de cada cuatro viviendas. Si se tiene en cuenta que este fenómeno ya genera una transformación en el entorno cuando el volumen supera el 10%, según el criterio del informe, el impacto en todo el Casco Histórico resulta demoledor, provocando una pérdida de los comercios tradicionales, el desplazamiento de vecinos por la estrepitosa subida del precio de los alquileres y la reducción de servicios como el cierre de aulas en colegios por la falta de alumnos.
La capital andaluza tiene hoy más de 7.800 viviendas turísticas, según el Registro de la Consejería, que es el órgano encargado de conceder los permisos. Hace un año la cifra estaba en 7.000. Esas residencias ofrecen unas 38.200 plazas, que superan ampliamente en número a las de hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad, que no llegan a las 30.000 y con la diferencia de que las primeras se encuentran mucho más concentradas en dos distritos: Centro y Triana.
«Atendiendo a la densidad turística total -que se calcula precisamente con la suma de camas de todas las modalidades de alojamiento-, el valor más elevado se registra en una sección censal al norte del barrio de Santa Cruz, que limita con los barrios de San Bartolomé y Alfafa. En este punto se contabilizan más de 175 camas por hectáreas, o lo que es lo mismo, más de 1600 plazas en poco más de ocho hectáreas», indica el estudio. Sin embargo, en Santa Cruz hay menos cantidad de viviendas con fines turísticos que en las zonas vecinas.
Esta parte de la ciudad, que viene sufriendo desde hace casi dos décadas una fuerte presión de los visitantes, se encuadraría en el siguiente nivel junto a Feria, la Encarnación y Santa Catalina. En estos barrios el número de pisos turísticos representa entre el 16% y el 20% del total, como muestra el gráfico que acompaña a esta información. El tercer nivel de presión engloba a San Gil, San Julián, San Vicente y el Altozano. Allí las viviendas de ese tipo son entre el 11% y el 15% del total. En San Lorenzo, San Roque y el Museo esta actividad no tendría un impacto significativo, al representar menos del 10% del total del parque residencial.
Recomendaciones
Otro de los asuntos que aborda este informe es la necesidad de poner en marcha medidas preventivas para evitar conflictos y entre ellas menciona la elaboración de un protocolo de buenas prácticas, acciones de sensibilización, concienciación y formación para propietarios, empresas de gestión de pisos turísticos, administradores de fincas, comunidades de propietarios y asociaciones vecinales. Además proponen realizar campañas para evitar ruidos o promover el uso cívico de las zonas comunes. En tercer lugar plantea la creación de un observatorio de las viviendas con fines turísticos e incluso de un portal web para identificación y denuncia de oferta irregular o la creación de mesa de trabajo con distintos actores, como las plataformas de alquiler, las asociaciones de propietarios y empresas relacionadas, las asociaciones o federaciones de vecinos, los administradores de fincas, o las asociaciones empresariales.
Dada la envergadura del fenómeno, el Ayuntamiento de Sevilla ya ha tomado cartas en el asunto con una regulación que ha necesitado un cambio puntual del PGOU. Este ha consistido en considerar este tipo de pisos como de uso terciario y no residencial, lo que cambia su régimen fiscal y está sujeto a una serie de condicionantes. No obstante, la apliación no se hace con carácter retroactivo, con lo que sólo afecta a las nuevas licencias. La Junta también estudia una regulación más ambiciosa para prohibir las nuevas licencias en las zonas ya saturadas. Ese es el camino que han tomado regiones como Baleares que ya lo aplica. En estos casos se toma como referencia niveles de presión turística muy por encima de los detectados en Sevilla. El informe de la Junta menciona ejemplos como prohibir la concesión de permisos cuando el número de viviendas turísticas supere el 30% del total.
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