La regulación municipal es incapaz de poner coto a los pisos turísticos

Esas residencias ofrecen 38.147 plazas, que superan ampliamente en número a las de hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad, que suman alrededor de 30.000. Las limitaciones, que se aplican mediante una modificación puntual del PGOU, conllevan principalmente una mayor carga fiscal para los nuevos propietarios, que ahora tendrán que pagar las tasas de un negocio de hospedaje al ser consideradas sus viviendas como un servicio terciario y no residencial. Otra de las condiciones es que tengan una puerta de entrada propia para no usar la del bloque de vecinos y que dispongan de ascensor si se sitúan en una primera o segunda planta.

La regulación municipal, que ha tardado cuatro años en ser efectiva, llega cuando el fenómeno está totalmente desbordado y no se puede aplicar de forma retroactiva. Eso significa que todos los que ya tuvieran licencia no están sujetos a los condicionantes. Y no son pocos. La zona con la mayor expansión es el Casco Histórico, donde dos de cada diez se destinan a este fin. Le siguen Triana y Nervión, aunque en menos medida. Así lo recoge un estudio de Emvisesa. Eso ha tensado hasta lo imposible el mercado de alquiler, que hoy es completamente inaccesible para rentas bajas y medias en esta zona.

La enorme tardanza de la administración local para poner coto al boom de viviendas turísticas fue aprochada por muchos propietarios para inscribirlas en el Registro de Turismo, aunque no las destinaran a ese fin. Ocurrió durante la pandemia, cuando no había viajeros y se pasaron al mercado tradicional de alquiler. Eso fue posible porque la Consejería no exige una actividad continua, ni siquiera pide que se le informe si el piso se deja de utilizar como alojamiento.

Otro de los escollos con los que se ha encontrado el Ayuntamiento para regular este boom es la falta de colaboración de la Junta, que es la que tiene las competencias sobre los alojamientos turísticos. No sólo no ha planteado restricciones generales, sino que la Agencia de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha recurrido la modificación del PGOU con la que el Consistorio pretende regular las nuevas concesiones.

Este proceso, que se dirime por lo Contencioso Administrativo, se formalizó a principios de septiembre y puede tumbar todo el trabajo realizado. El recurso se presentó al entender la Agencia de la Competencia que la nueva regulación impone limitaciones a la unidad de mercado.

Y mientras tanto, los negocios reglados piden que todos juegue con las mismas condiciones. Ese ha sido el caballo de batalla durante los últimos años de la Asociación de Hoteles de la Provincia, que ve una enorme competencia desleal en esta oferta, dado el volumen que ha adquirido. También se han mostrado en contra los apartamientos turísticos, que tienen unas condiciones y una fiscalidad similar a la de los hoteles.

Los últimos que se han posicionado son los miembros de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (Aset), que es partidaria de «poner coto al crecimiento que puede ser desmedido», como manifestó su presidente, Jorge Robles tras ser elegido. Según dijo, no pretende demonizar al sector, pero pidió amortiguar los impactos negativos.