Sevilla, capital

Este coste de ser la capital de la comunidad autónoma no está contemplado normativamente y hablando y sirve al Ayuntamiento para reclamar cada cierto tiempo una ley de capitalidad que refleje esas circunstancias particulares y las compense económicamente. Es una lástima que los responsables municipales sólo enarbolen la bandera reivindicativa cuando quien gobierna en la Junta de Andalucía, que es a quien compete promover la citada ley, es gobernada por el partido contrario, como es el caso, pero de una manera u otra la demanda está más que justificada, como se demuestra casi a diario. El socialista Antonio Muñoz ha recuperado el asunto y viene solicitando ese reconocimiento al igual que ya lo tienen Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Logroño o hasta Mérida. Una ley que permita a la ciudad obtener más ingresos que cubran ese reguero de millones que se gastan por el simple hecho de ser la capital regional y tener en sus calles las grandes sedes oficiales. No cabe duda de que Sevilla posee ese rango por historia y por capacidad administrativa, pero tampoco es discutible que esa importancia no tiene equiparado aún ni el nivel de inversiones necesarias desde otros gobiernos por encima del municipal ni la contemplación de una norma bajo la que se regule su condición extraordinaria y las consiguientes contraprestaciones que sirvan para amortiguar los euros que se deben destinar cada año a paliar los efectos de ser el epicentro andaluz. ¿Por qué han de costear los sevillanos las horas de trabajo de los policías en las manifestaciones contra el Ejecutivo andaluz? ¿Por qué son los fondos de Lipasam los que se usan para devolver las calles a su estado original cuando aquéllas acaban? ¿Por qué hay que perder horas y horas de cada mes en los atascos que generan las caravanas sindicales? ¿Quién compensa todo esto? ¿Hasta cuándo? La solicitud hispalense está cargada de razones y es de una importancia capital.