La cacería política de los ERE

Cuando ABC publicó la famosa grabación de Mercasevilla en la que se solicitaba una comisión a los empresarios de La Raza a cambio de otorgarles la gestión de una escuela de hostelería, también destapó que en aquella conversación se hablaba de la existencia de intermediarios para conseguir la financiación de expedientes de regulación de empleo por parte de la Junta. Ante la evidencia de aquellas declaraciones de los dirigentes de la lonja, el PP fue a los tribunales, aportó las publicaciones de este periódico y pidió que se investigara el caso. La juez Mercedes Alaya instruyó la causa del cohecho, pero al escudriñar la grabación también detectó el posible fraude de los ERE y pidió los dos expedientes que se habían aprobado en Mercasevilla. A partir de ahí apareció el primer intruso, que entonces parecía un escándalo mayúsculo y, sin embargo, era sólo una anécdota de lo que se acabaría destapando. Cuando la Policía fue a preguntarle al Director General de Trabajo, el hoy fallecido Francisco Javier Guerrero, cómo se había pagado la prejubilación de este intruso (persona acogida al ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca allí), teniendo en cuenta que además se trataba de un militante socialista de Jaén, el responsable público le contestó con toda naturalidad que la administración había creado un «fondo de reptiles» al que desviaba los fondos para «agilizar» los tramites sin pasar los controles obligatorios. Esa es la madre del cordero. Primera evidencia: el PP denunció el caso y los tribunales, haciendo un trabajo encomiable, lo han destapado y juzgado. Segunda evidencia: el sistema se montó en paralelo a la ley y el dinero se repartió de manera discrecional, por lo que todos los trabajadores que se acogieron a las ayudas, todos, todos, todos, lo hicieron sirviéndose de un sistema ilegal. El dinero nunca se sacó a concurso público, de manera que se concedieron las ayudas sólo a empresas que tenían conexión directa con la Junta. Las demás compañías no pudieron acudir en igualdad de condiciones a este servicio público sencillamente porque no sabían que existía. El gobierno socialista usó el dinero para apagar fuegos en los territorios en los que se le iba a presentar un conflicto social. Y de rondón, aprovechando el sistema fraudulento, también coló a familiares, militantes y amigos en las pólizas. Los empleados que sí tenían una larga vida laboral en sus empresas no son culpables del enjuague que sus empresarios hicieron con los políticos, pero el dinero que recibieron no era legítimo porque otros trabajadores de empresas ajenas al contubernio no pudieron gozar del mismo derecho. Por eso había que hacer una enmienda a la totalidad de la corrupción y acabar con el clientelismo tercermundista que se había instaurado en Andalucía. Han sido condenados dos presidentes de la Junta por esto. Y la única cacería política que se ha producido en los ERE es la que seguiremos sufriendo los andaluces por parte del PSOE hasta que no nos pida perdón por la vergüenza que nos ha hecho pasar.