Las elecciones están sobrevaloradas

El hecho mismo de que el jefe del Ejecutivo exhiba como novedad relevante una mera formalidad administrativa resulta de por sí una anomalía. En democracia, la obligación de proponer al Parlamento la ley presupuestaria de cada ejercicio es una rutina, no una concesión potestativa, y en el caso español la Constitución la establece por escrito con formulación cronológica precisa, aunque sus redactores no considerasen necesario, mecachis, especificar qué pasa si alguien decide incumplirla. Como tampoco se les pasó por la cabeza imaginar que se podía eludir sin consecuencias el veto legislativo, el sanchismo lleva varios años colándose por esa rendija, pero mantenerla abierta durante todo un mandato constituye a todas luces una desviación de poder abusiva, quizá merecedora de que la justicia, o en su defecto el Tribunal Constitucional –no son cosas idénticas–, emita doctrina. Siquiera para clarificar de cara al futuro la posibilidad de que se repita.

De cualquier modo, Pedro ha sido generoso al prometer que esta vez cumplirá el precepto al menos en su primer paso, que tampoco es cuestión de pedirle un exceso de compromiso democrático. Desde que llegó al poder han pasado 1300 días con presupuestos prorrogados y sólo en 2019 disolvió las Cortes que se los rechazaron. Claro que entonces se veía en situación de ganar, como en efecto ocurrió, y ahora sabe que si convoca elecciones le espera un descalabro porque el pueblo soberano se ha vuelto proclive a escuchar los cantos de sirena del bando equivocado. Y quién mejor que un gobernante autoritario conoce lo que conviene a los ciudadanos, sobre todo cuando caen en el hechizo de los falsos profetas y es menester velar por sus intereses con sentido de Estado. Las urnas están sobrevaloradas y la corrección de ese falible criterio popular forma parte de la responsabilidad de un césar visionario decidido a afrontar las incomprendidas servidumbres del cargo.