EDITORIAL
El síndrome Pegasus: seguridad con transparencia
La infección de los teléfonos móviles de Sánchez y de algunos ministros de su gabinete por el programa Pegasus supuso un grave incidente de seguridad
El Gobierno está dispuesto a desembolsar hasta 500 millones de euros para proteger las comunicaciones telefónicas y telemáticas de los funcionarios del Estado. Las condiciones de los pliegos del contrato reflejan la preocupación del Ejecutivo por la infección de los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de algunos ministros de su gabinete por el programa Pegasus, un grave incidente de seguridad que sigue sin respuesta oficial, a pesar de que mereció una comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en mayo de 2022, para hacerlo público ante los medios de comunicación. Las exigencias técnicas impuestas a los licitadores buscan un blindaje absoluto de los teléfonos de los altos cargos y de los funcionarios, en general, frente a intromisiones ilegales. Además, se pide de los proveedores que aspiren al contrato que creen un programa que, además de impedir ataques a las comunicaciones, sea capaz de realizar un análisis forense de la intrusión –algo así como una informe pericial sobre la marcha–, todo en el menor tiempo posible. Y, por supuesto, garantizando la intimidad de los usuarios, mediante la prohibición al proveedor del programa de conservar datos del tráfico del teléfono. Se trata de conjugar la seguridad del entorno de comunicaciones de la administración con un estándar de transparencia de acuerdo con las reglas democráticas.
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