La Abogacía rescata a Bildu

Editorial ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

01/03/2025 a las 04:10h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

El cambio de criterio de la Abogacía del Estado a favor de que Bildu cobre la correspondiente subvención pública pese a llevar terroristas en las listas de las últimas municipales podría considerarse el último favor del Gobierno a sus socios aberzales, una vez más a ... costa de la dignidad de las víctimas y de la noción más elemental de la memoria democrática. En mayo de 2023, ABC destapó que 44 de los candidatos de la formación que coordina Arnaldo Otegi habían sido condenados por terrorismo y que siete de ellos cargaban con delitos de sangre. La reacción de los colectivos de víctimas, de otros partidos y de la opinión pública logró que algunos renunciaran –entre ellos los condenados por asesinato–, pero veintinueve terroristas concurrieron finalmente a las elecciones, en las que Bildu obtuvo notables resultados en los ayuntamientos vascos. En su artículo 127.4, la Ley Electoral General advierte que no se podrán conceder subvenciones a partidos en cuyas listas concurran terroristas no arrepentidos, entre otros supuestos. En un informe de este mismo jueves, el Tribunal de Cuentas emplaza a Interior a hacer efectiva la vigilancia sobre este punto y a confirmar si Bildu está en condiciones de recibir el dinero público. La Abogacía del Estado emitió un primer informe según el cual no debían pagarse las subvenciones cuyo adelanto Bildu cobró con normalidad (280.000 euros de unos gastos totales de 1.200.000). Más tarde, y sin mediar un cambio que lo justificara, se produjo un giro a favor de los aberzales y se emitió otro informe en sentido contrario. Este último, avalado por la abogada jefa del Ministerio del Interior, legitimaba el pago en base a que, siendo un partido que concurría a elecciones públicas, le correspondía el cobro de las subvenciones. Este argumento no entra en el fondo de la cuestión y hace sospechar que el giro a favor de las posiciones del partido de Otegi tiene que ver con la necesidad del Gobierno de contentar a un socio tan abyecto como fundamental en su aritmética parlamentaria. Durante la última legislatura se han estirado hasta el límite las costuras del Estado de derecho con injerencias de todo tipo, pero cabe recordar que la función de este cuerpo de abogados es la de proteger los intereses del Estado y en ningún caso adaptar sus criterios y decisiones para favorecer los intereses del Gobierno.