Editorial ABC

La juez de los ERE: Sospechosa indolencia

A la vista del escrito de la Fiscalía, el CGPJ debería investigar qué está ocurriendo y decidir si procede apartar cautelarmente a la magistrada

Actualizado:

Este periódico lleva muchos meses alertando de que los manejos de la actual instructora de diversas piezas judiciales derivadas del caso ERE estaban permitiendo una prescripción masiva y el archivo de algunos procesos sin hacer una sola indagación. Sin embargo, esta vez ha sido la propia Fiscalía Anticorrupción la que ha dado la señal de alarma al denunciar la indolencia y pasividad de la juez María Núñez Bolaños. En un reciente escrito, desvelado ahora por ABC, las dos fiscales del caso han expresado su indignación por que Núñez Bolaños haya dictado el sobreseimiento de una pieza, en la que se investigaba a la empresa Fábrica de Muebles S.L. por haber recibido una ayuda irregular de 100.000 euros a cargo del fondo de reptiles de los ERE. Bolaños archivó el caso a sabiendas de que la Fiscalía le había urgido a practicar algunas pruebas antes de que transcurriesen más semanas y los hipotéticos delitos prescribieran. Pese a las advertencias del Ministerio Público, la juez no hizo nada y se limitó a culpar a la Guardia Civil por no haberle remitido un atestado, aunque objetivamente había muchos más indicios como para que la magistrada actuase. Por eso la Fiscalía ha estallado. Del escrito de las fiscales se infiere que, inexplicablemente, la juez está consintiendo que queden impunes presuntos delitos graves, sobre los cuales hay pruebas e indicios suficientes como para seguir adelante con la investigación. «Simplemente, deja pasar el tiempo sin actuar», se lamenta la Fiscalía, insinuando una intención cuasi-prevaricadora. Resulta escandaloso porque llueve sobre mojado con esta magistrada, a quien la Audiencia de Sevilla ya ha reconvenido antes por dejar morir otra pieza de los ERE muy similar a esta.

El caso de los ERE es el mayor escándalo de corrupción conocido en nuestra democracia. Medio Gobierno de la Junta de Andalucía se sentó en el banquillo y está hoy a la espera de sentencia. Durante una década, la Junta diseñó, instauró y ejecutó un plan para desviar dinero público -originariamente destinado a cubrir el importe de ERE legales- hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes socialistas. En total, según calcula la Fiscalía, cerca de 800 millones de euros, que además se institucionalizaron anualmente con una partida presupuestaria aprobada por el propio Parlamento de Andalucía. Los ERE fueron la máxima expresión del nepotismo y el enchufismo, y la coartada para crear una red clientelar afín al PSOE mediante un desfalco continuado de las arcas públicas. Por eso resulta inaudita la conducta de la juez Bolaños. No parece ser un error judicial, sino una deliberada y obstinada conducta para que los ERE se conviertan en un paraíso procesal de la prescripción. A la vista del escrito de la Fiscalía, que supone una gravísima acusación, el CGPJ debería investigar qué está ocurriendo en ese Juzgado sevillano, y decidir si procede apartar cautelarmente a esta magistrada.