Independentismo, no con mi dinero

Que tengan todas las autosatisfacciones contrarias a la ley que quieran, pero pagándolas de sus bolsillos, no sacando el dinero de los fondos públicos, que son nuestros, de todos y para el gasto común dentro de la ley.

« Marco político 1 . Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad. 2. Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos».

Así se expresa el artículo 3º del Estatuto vigente de Cataluña, tras la reforma en 2006 del primitivo Estatuto de 1979. Pero desde hace años asistimos no ya al desconocimiento de este texto, sino a groserísimas patadas al mismo. Y son patadas pagadas con dinero público, nunca con su dinero.

Si setecientos ayuntamientos, más las diputaciones catalanas, se afilian a las AMI , Asociación de Municipios por la Independencia, y los jueces dicen que esa afiliación es ilegal, que paguen de sus bolsillos los alcaldes y presidentes de Diputación los gastos y las cuotas a esa Asociación, porque han sido cuentadantes que han menoscabado los caudales públicos. Con su propio dinero, pero con mi dinero, no.

Si llevados de un fervor apostólico aldeano, muy lejano a la Universalidad característica de la Iglesia Católica, unos obispos, religiosos y sacerdotes catalanes, en lugar de homilías arrojan soflamas independentistas , si convierten los templos en centros de un escrutinio ilegal, sí por supuesto que pueden hacerlo, pero con mi dinero, no. Ellos y sus silenciosos colegas han conseguido que este año no ponga la cruz en la casilla de asignación a la Iglesia Católica. Con mi dinero no quiero que se cometan ilegalidades, ni tampoco que con mi aportación la Iglesia anime y bendiga las ilegalidades.

Si la Generalitat de Artur Mas crea en 2013 el Consejo Asesor para la Transición Nacional, y ya en su primer informe el CATN «alecciona sobre la forma de organizar una consulta al margen de las disposiciones legales del Estado y de las de la Generalitat…», su supresión por el RD 945/2017 no devuelve al tesoro público el deterioro que ha causado durante cuatro años ese actuar contra la legalidad constitucional y estatutaria. Y si el presidente de ese pomposo Consejo Asesor, luego Instituto de Estudios de Autogobierno, por cierto ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, no reintegra voluntariamente lo percibido por esa actividad ilegal, se le debe exigir coercitivamente. Porque los delirios ilegales se pueden tener, pero pagándolos del propio bolsillo. Con mi dinero, no.

Rogelio Torrente , o Roger Torrent , presidente del Parlamento de Cataluña, es libre de arrojar los eructos independentistas que tenga por conveniente, pero con mi dinero, no. Porque con fondos públicos, a los que contribuyo, se paga el sueldo y el equipo que rodea al «representante de la representación del pueblo de Cataluña», no a un líder partidista que desde esa que debería ser excelsa tribuna, exige que salgan, y por qué no, que entren en prisión quiénes él diga. El presidente del Parlamento es el cuentadante de la gestión de sus fondos, que son públicos y no privados. Y si no cumple la función por la que es retribuido, que renuncie a percibir sueldo público por desempeñar lo opuesto al cargo.

«No hay mal tan malo del que no resulte algo bueno». Hace 400 años ya nos lo enseñaba el Guzmán de Alfarache . El delirio independentista en Cataluña llegó a unos límites que hizo venir el bien con el discurso del Rey, (¡Gracias Señor!); con la manifestación del 8 de octubre; con la propuesta de Tabarnia y ahora con el respeto absoluto a la libertad de expresión, pero desde la absoluta exigencia de con mi dinero, no.

Los políticos no son los dueños del dinero público, sino solamente sus cuentadantes , como se dice en el enjuiciamiento contable. Es decir, tienen la obligación de dar cuenta de la gestión que hacen de los fondos públicos.

Y ni son propietarios de los dineros públicos, ni tampoco son libres para gestionarlos a su capricho. La Constitución es muy imperativa al respecto: «las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes» ( art. 133,4 CE ).

Los políticos en las instituciones catalanas se han burlado de las leyes, han realizado y pretenden seguir realizando gastos contra las leyes, y piensan que nunca darían cuentas de esas auto satisfacciones intelectuales a costa de todos.

Se acabó. Los independentistas ya no pueden seguir pagando con el dinero de todos sus cómicas fiestas: reunión de Alcaldes de la AMI en Bruselas, vara de mando en alto como si vareasen aceitunas; sostener medios de comunicación con medios públicos para el onanismo de unos cuantos; pagar y pagar con dinero público fake news y una mentirosa historia. Y algo que no cuadra. Dicen los independentistas que la gente responde muy generosamente a sus peticiones de donativos para pagar fianzas, gastos de abogados, etc. Pero cuando se invitó a sus seguidores a firmar una demanda ante Estrasburgo pidiendo que Puigdemont fuera elegido presidente, la respuesta fue mínima. Alguien debería explicar cómo hay tantos ciudadanos dispuestos a firmar donativos, y tan poquísimos a firmar un modelo de demanda que reciben. O es que alguien miente.

Que se arriesguen a cometer ilegalidades, pero con mi dinero, no.